Se cumple un año del 1-O con causas judiciales abiertas en el Supremo, la Audiencia Nacional y juzgados catalanes

El referéndum sobre la independencia de Cataluña celebrado el 1 de octubre cumple un año este lunes habiendo derivado en causas judiciales abiertas en el Tribunal Supremo contra los líderes del proceso soberanista, en la Audiencia Nacional con la excúpula de la Conselleria de Interior y los Mossos d'Esquadra, y en juzgados catalanes contra los impulsores de la logística, mossos, alcaldes y agentes de la Policía Nacional investigados por las cargas.

En el Tribunal Supremo están procesados por presunta rebelión y malversación el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras, y los exconsellers Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Toni Comín, Dolors Bassa, Clara Ponsatí, mientras que solo por rebelión: la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, la 'número dos' de ERC Marta Rovira, el expresidente de la ANC y actual diputado de JxCat, Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart.

También han sido procesados por supuesta desobediencia y malversación otros exconsellers como Meritxell Borràs, Lluís Puig, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Serret, mientras que se les atribuye desobediencia a los exmiembros de la Mesa del Parlament Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet, Joan Josep Nuet y a las exdiputadas de la CUP en el Parlament Mireia Boya y Anna Gabriel.

En su auto de procesamiento, el juez Llarena considera que los encausados por rebelión impulsaron a la ciudadanía favorable a la independencia a que hicieran frente al dispositivo policial que tenía la orden judicial de impedir la votación del 1-O lo que "supone, no ya aceptar el riesgo de una violencia claramente representable, sino directamente impulsar a una masa ciudadana a que desborde por la fuerza cualquier intención de contención que pueda provenir del Estado, tal y como finalmente aconteció el día de la votación".

El juicio en el Alto Tribunal se prevé que se celebre en el mes de enero, justo después de las fiestas navideñas, aunque se deja en una pieza separada a los procesados que han sido declarados en rebeldía (Puigdemont, Comín, Ponsatí, Puig, Serret, Rovira y Gabriel) por lo que no se sentarán en el banquillo de los acusados, si bien no podrán regresar a España hasta que la causa prescriba y en el caso de regresar serán detenidos y juzgados.

Fuentes del Supremo indican que a partir de ahora prevén varias semanas para que se confirme el cierre de la instrucción del magistrado Pablo Llarena y se dicte auto de apertura de juicio oral, a lo que después la Fiscalía y la acusación popular de Vox deberán presentar sus escritos de calificación, en los que previsiblemente el Ministerio Público mantendrá su acusación por rebelión.

Posteriormente, se le dará traslado a las defensas para que, a su turno, presenten sus escritos de defensa, si bien se prevé que planteen cuestiones de previo pronunciamiento, por ejemplo la competencia del tribunal, con lo que puede haber vistas previas en el tribunal, sin los acusados, para despejar estas cuestiones, un trámite para lo que se prevén unas dos o tres semanas.

En el Supremo se preparan para un juicio en el que se sentarán en el banquillo 18 acusados, nueve de ellos actualmente en prisión preventiva, un proceso sin precedentes en el alto tribunal que suele ser un órgano de casación y no de enjuiciamiento, aunque sí ha celebrado otros juicios como recientemente el del exconseller Francesc Homs por la consulta del 9-N.

El juicio se augura que pueda durar entre dos y tres meses, aunque la voluntad del Alto Tribunal es ir lo más rápido posible, para lo que se harán sesiones de mañana y tarde todos los días, aunque con este calendario las fuentes consultadas aseguran que la futura sentencia, teniendo en cuenta todas las deliberaciones que deberán producirse, no llegará hasta después de las elecciones municipales de mayo.

Tras el juicio en el Supremo se prevé que se celebre en la Audiencia Nacional el juicio al exsecretario general de la Conselleria de Interior César Puig, al exdirector de los Mossos d'Esquadra Pere Soler, al exjefe de los Mossos, el mayor Josep Lluís Trapero y la intendenta Teresa Laplana, por delitos de sedición y en el caso de los tres primeros también por organización criminal.

En el auto de procesamiento, la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamelaconsideró que la inacción de los miembros del Cuerpo de los Mossos d'Esquadra durante los días 20-21 de septiembre de 2017, en la concentración de unas 40.000 personas ante la sede de la Conselleria de Economía durante un operativo de la Guardia Civil contra la logística del 1-O, así como su actuación durante la jornada del 1 de octubre, puede ser presuntamente constitutiva de un delito de sedición como autores o cooperadores necesarios, por acción o por omisión.

El Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona mantiene abierta una investigación contra una cincuentena de personas, principalmente cargos o excargos de la Generalitat, por su presunta vinculación con la logística para permitir celebrar el referéndum del 1-O.

La investigación arrancó a raíz de denuncias de Vox y el abogado Miguel Durán por declaraciones vertidas en febrero de 2017 por el entonces senador de ERC y juez Santi Vidal, que aseguró que la Generalitat tenía los datos fiscales de los catalanes de forma ilegal y que tenían un listado de los jueces afines al proceso independentista.

A partir de estas denuncias, el magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer investigó a Vidal y al expresidente del Consejo Asesor para la Transición Nacional Carles Viver Pi-Sunyer, y posteriormente a cargos de la Conselleria de Junqueras como Josep Maria Jové y Lluís Salvadó.

Fue dicho juez quien ordenó el amplio dispositivo para truncar los planes del referéndum el 20 de septiembre de 2017 en las consellerias de Economía, Presidencia, Gobernación, Trabajo, Exteriores y el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), que desencadenó la importante protesta de unas 40.000 personas a las puertas de la Conselleria de Junqueras.

El Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona investiga a 24 agentes de la Policía Nacional por su actuación durante el operativo policial del 1-O en varios colegios de Barcelona que ejercieron de punto de votación, y hay investigados cuatro de los ocho inspectores jefe que ese día dirigieron el operativo.

Los centros educativos en que se ha identificado e investigado a los policías nacionales son la escuela Mediterrània (jefe del operativo y un agente), el IES Pau Claris (tres agentes), el Fedac d'Horta (jefe del operativo), el Ceip Àgora (jefe del operativo y dos agentes), la Escola Infant Jesús (jefe del operativo), Escoles Pies de Sant Antoni (jefe del operativo), la Escola Ramon Llull (13 agentes) y la escuela Dolors Monserdà (un agente y un inspector): son 26 investigaciones a 24 agentes, ya que algunos estuvieron en más de un centro.

Asimismo, hay numerosos procedimientos abiertos en otros juzgados catalanes contra agentes y mandos locales de Mossos por desobediencia, contra ciudadanos por resistencia a la autoridad y otros delitos e investigaciones abiertas por Fiscalía contra alcaldes que supuestamente colaboraron con el referéndum.