Quién elige al fiscal general del Estado: todo sobre la imputación de García Ortiz
El cargo de fiscal general de Estado es una de las figuras más representativas de la carrera judicial en España. Su función es la de "promover e impulsar la acción de la justicia, asegurar la legalidad e imparcialidad del funcionamiento de la justicia y la protección de los derechos de algunos colectivos", según detalla en el Ministerio Fiscal en su web.
La ley en España recoge que "el Fiscal General del Estado será nombrado y cesado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído previamente el Consejo General del Poder Judicial, eligiéndolo entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión". El actual cargo lo ocupa Álvaro García Ortiz.
Álvaro García Ortiz asumió el cargo de Fiscal General del Estado en España el 6 de septiembre de 2022, tras la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez y su posterior nombramiento por el Consejo de Ministros. García Ortiz reemplazó a Dolores Delgado, quien dimitió debido a problemas de salud tras ocupar el puesto desde 2020.
La llegada de García Ortiz a la Fiscalía General generó algunas controversias. Desde la oposición, Partido Popular y VOX, criticaron su nombramiento, argumentando que el Gobierno de Sánchez estaba tratando de controlar la justicia. García Ortiz era visto como cercano a la anterior Fiscal General, Dolores Delgado, lo que reforzó las críticas de sectores que consideraban que su nombramiento respondía a intereses políticos. Sin embargo, otros lo consideraron una elección adecuada por su experiencia y carrera profesional.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se ha mostrado firme en su decisión de continuar al frente de la institución, tras apreciar que cuenta con el apoyo mayoritario de la Junta de Fiscales de Sala, si bien alrededor de la mitad de los fiscales que han intervenido le han reclamado su dimisión.
Este miércoles, García Ortiz se ha convertido en el primer fiscal general imputado por el Supremo en democracia, por un delito de revelación de secretos ante la difusión de información sobre el procedimiento por presunto fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El cargo de fiscal general del Estado en España percibe un salario anual de 132.235,68 euros, lo que corresponde a un sueldo mensual bruto de 11.019,64 euros al mes.