La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, anunciaba este lunes la fecha de la investidura de Pedro Sánchez que será los días 15 y 16 de noviembre. Tras el anuncio, el PSOE ha registrado este lunes la propuesta de ley de amnistía en el Congreso y lo ha hecho finalmente en solitario, sin la firma del resto de partidos que apoyan la investidura.
Según indica el texto, la ley se tramitará de manera "urgente" y la amnistía abarcará más de una década del 'procés': desde el 1 enero de 2012, pasando por la consulta del 9 de noviembre de 2014, el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y los disturbios tras la sentencia del 'procés' en 2019, hasta este lunes 13 de noviembre.
La propuesta contempla que queden amnistiados los actos determinantes de "responsabilidad penal, administrativa o contable" ejecutados en el marco de las consultas celebradas en Cataluña.
En la proposición de ley, están incluidos los líderes independentistas y, aunque no le nombra, el documento hace referencia directa al ex president de la Generalitat, Carles Puigdemont, señalando que "quedarán sin efecto las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión", así como "las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención", que afectan también a los exconsellers Antoni Comín y Lluís Puig y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira.
Quedando suspendida su orden de busca y captura, Puigdemont podría volver a España como cualquier otro ciudadano.
En este sentido, fuentes jurídicas han aclarado que esto no solo implica que suspenda la aplicación de la norma sino también el proceso judicial, lo que abre la puerta a que Carles Puigdemont y el resto de fugados puedan regresar a España sin ser detenidos, aunque el Tribunal Constitucional aún no hubiera resuelto la cuestión.
Pese a que su causa no podría aún ser archivada, las fuentes precisan que no se podría acordar ninguna medida contra él, ni detención ni ingreso en prisión porque precisamente la norma deja las medidas cautelares "sin efecto", lo que tampoco asegura el regreso del expresident, que desconfía de la Justicia española.
En cuanto a los plazos, el documento de la propuesta de ley recoge que los tribunales y los órganos administrativos y contables implicados, con casos vinculados al procés, deberán aplicar la ley con carácter "preferente y urgente" en un plazo máximo de dos meses.
Teniendo esto en cuenta, Puigdemont podría regresar a España una vez que el texto final de la ley de amnistía se publique en el Boletín Oficial del Estado. Previamente tendrá que pasar por el Congreso y el Senado, ser aprobada por el Ejecutivo y firmada por el rey Felipe VI.