9 de mayo de 2025
Fernando Grande-Marlaska vuelve a ocupar el incómodo rol de ministro rectificado. Discreto y obediente, ha aceptado una nueva desautorización pública: la cancelación del contrato firmado por su ministerio con una empresa israelí para la compra de munición, una decisión tomada por "interés general" tras el estallido de una crisis interna en el Gobierno.
El contrato, firmado en Semana Santa y publicado recientemente en la Plataforma de Contratación del Estado, contemplaba la adquisición de más de 15 millones de balas por un valor cercano a los seis millones de euros. El anuncio provocó la inmediata reacción de Izquierda Unida, que amenazó con abandonar el Consejo de Ministros si la operación no se cancelaba.
Pedro Sánchez, enfrentado a una de las mayores crisis en la coalición, optó por ordenar la rescisión del contrato. La decisión salva momentáneamente la estabilidad del Ejecutivo, pero deja varias heridas abiertas. Expone las tensiones entre la retórica internacional del presidente sobre el conflicto en Oriente Próximo y la gestión real del Ministerio del Interior.
La cancelación no será gratuita. Desde el propio Gobierno se admite que se están estudiando las posibles consecuencias legales y económicas. No se descarta el pago de una indemnización millonaria a la empresa israelí, lo que podría suponer un golpe para las arcas públicas. Además, el material armamentístico previamente adquirido quedaría ahora sin munición útil, lo que agrava el despilfarro.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado duramente la maniobra. “¿Cuánto vale la rescisión y quién la paga?”, se preguntó, acusando al Gobierno de actuar por “problemas personales del presidente” y calificando la decisión de “propia de un país de otras latitudes”. Feijóo ha vinculado esta polémica con el anuncio de un aumento del gasto en Defensa por valor de 10.470 millones de euros, aprobado también sin debate parlamentario. Para él, la rescisión del contrato es solo “una cortina de humo”.
Mientras tanto, Marlaska aguanta. No es la primera vez que el ministro del Interior asume sin rechistar una desautorización. Ya lo hizo cuando prometió que no se transferirían competencias de inmigración a Cataluña, y lo hace ahora tragándose un contrato que su propio departamento defendía hasta hace días.
El Gobierno de Benjamin Netanyahu ha condenado la decisión del Gobierno español de cancelar el contrato con una empresa israelí para la adquisición de balas y ha afeado que con ello lo que está haciendo es dejar de lado la seguridad "por fines políticos".
"Israel condena firmemente la decisión del Gobierno español de romper unilateralmente un contrato firmado con la empresa de defensa IMI Systems y su anuncio de que se abstendrá de futuros acuerdos de defensa con empresas israelíes", ha trasladado a Europa Press un portavoz del Ministerio de Exteriores israelí.
A juicio del Ejecutivo israelí, "el Gobierno español está sacrificando consideraciones de seguridad por fines políticos y sigue situándose del lado equivocado de la historia contra el Estado judío que está defendiéndose de ataques terroristas en siete frentes", ha lamentado el citado portavoz.