La Comunidad de Madrid recurrirá por tercera vez el reparto de menores migrantes

La Comunidad de Madrid recurrirá ante el Tribunal Supremo el real decreto aprobado el pasado martes en el Consejo de Ministros, por el que se obliga a las comunidades a aceptar y cumplir el reparto de menores migrantes aprobado por el Gobierno central. Será la tercera vez que lo haga. Madrid, según la distribución aprobada, tendría que hacerse cargo de cerca de 647 menores.

Así lo ha comunicado el portavoz del Ejecutivo regional, Miguel Ángel García Martín, al término de la primera reunión del Consejo de Gobierno del nuevo curso político. "Es un nuevo peaje a los partidos independentistas", ha expresado García Martín al tiempo que ha señalado que "el real decreto no es más que un eslabón más de una cadena que va a llevar a un reparto ilegal de esos menores no acompañados que están en Canarias y pretenden llevar a todas las comunidades salvo a Cataluña y País Vasco".

Esta será la tercera vez que Madrid recurra los planes migratorios del Gobierno. En la primera ocasión, impugnó junto a otras 10 comunidades ante el Tribunal Constitucional el real decreto del 18 de marzo por menoscabar las competencias exclusivas de protección de menores y asistencia social, así como por no justificar la tramitación de urgencia y recurrir al instrumento inadecuado para regular materias reservadas a leyes orgánicas.

En la segunda, el Ejecutivo madrileño se personó en solitario el pasado 30 de julio en el Tribunal Supremo para intentar tumbar las medidas aprobadas por el Gobierno central el 22 de julio, entre las que se regulaban las medidas que se debían adoptar en caso de darse la situación de contingencia migratoria extraordinaria para el interés superior de la infancia y la adolescencia inmigrante no acompañada desde Canarias.

Al margen de las actuaciones judiciales, la Comunidad de Madrid ha exigido al Gobierno central por diferentes vías la remisión urgente de la información utilizada para elaborar el reparto "forzoso" de menores no acompañados entre las distintas regiones, salvo País Vasco y Cataluña, al considerarlo "arbitrario, opaco y discriminatorio".

A priori, estos criterios ya han sido explicados por el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez y tienen en cuanta la capacidad ordinaria de cada territorio. Así pues, la población (50%), la renta per cápita (13%), la tasa de paro (15%), el esfuerzo previo de acogida (6%), el dimensionamiento estructural del sistema (10%) y otros factores como insularidad, dispersión o condición de frontera, son las variables que se tienen en cuenta para fijar el reparto de menores.