Los magistrados del Constitucional se han reunido para estudiar la iniciativa del Ejecutivo, presentada esta mañana y que cuenta con el aval del Consejo de Estado.
El Gobierno ha presentado su impugnación invocando el artículo 161.2 de la Constitución, que establece se producirá la suspensión automática de la disposición o resolución recurrida, que el Tribunal deberá ratificar o levantar en un plazo no superior a cinco meses.
El recurso del Gobierno ha dado un paso más y, dado que la resolución independentista impugnada anticipa que se desobedecerá al al TC, incluye ya los primeros pasos para desatar el incidente de ejecución previsto por la reciente reforma de la Ley Orgánica que regula al Constitucional.
Esto llevará previsiblemente al Constitucional a apercibir a las personas responsables de que una eventual desobediencia de su mandato les llevaría a incurrir en un delito y también a la suspensión de sus funciones.
Los apercibidos serán el presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas; la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell, los integrantes de la Mesa del legislativo catalán y los miembros del Gobierno.