La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha leído en la plaza Sant Jaume el manifiesto contra las querellas a su juicio "antidemocráticas" contra Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por su papel en la organización de la consulta del 9-N.
La plaza donde se encuentran el Palau de la Generalitat y la sede del Ayuntamiento de Barcelona se ha llenado, en respuesta al llamamiento de la plataforma soberanista 'Ara és l'hora' con el objetivo de expresar la solidaridad con los imputados por la consulta del 9-N, tras declarar como imputadas la exvicepresidenta del Govern Joana Ortega y la consellera de Enseñanza en funciones, Irene Rigau.
Horas después de que ambas hayan prestado declaración ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y a la espera de que Mas haga lo mismo el próximo jueves, varios miles de personas se han concentrado en la plaza Sant Jaume y han coreado consignas en favor de la independencia, del derecho a decidir, y también de la consulta del 9-N.
Ante representantes del Govern como Neus Munté y Francesc Homs, dirigentes de CDC, ERC, Unió, ICV, EUiA y la CUP, así como líderes sindicales como Joan Carles Gallego o Josep Maria Álvarez , que sostenían urnas como las utilizadas el 9-N, Colau ha leído un manifiesto promovido por el Pacto Nacional por el Derecho a Decidir en el que se acusa al Gobierno central de provocar una "anomalía democrática" al "judicializar" el 9-N.
En este manifiesto, que ha sido leído simultáneamente también en muchos otros municipios catalanes, se afirma que el derecho a decidir el futuro político e institucional de Cataluña "es inherente a la ciudadanía catalana en virtud del principio democrático y del derecho que tenemos como nación".
También se afirma que "todos los intentos de ejercer este derecho no han sido posibles por la oposición del Gobierno del Estado que nunca ha propuesto ninguna alternativa".
El Gobierno, añade, "ha judicializado" dichos intentos "rehuyendo sus responsabilidades políticas en este ámbito, y generando una anomalía democrática en el funcionamiento de las instituciones, que priva a la ciudadanía de Cataluña del derecho democrático a decidir su futuro político".
Después de calificar como de "antidemocráticas" las querellas contra Mas, Ortega, Rigau y otros encausados, los firmantes del manifiesto denuncian "la judicialización" de la política y se muestran "corresponsables con la convocatoria del 9-N hecha desde criterios.