El Código Ético del PSOE impide a los cargos públicos del partido apoyar la petición de indulto de Griñán
El Gobierno prepara el indulto con una cascada de declaraciones de apoyo de distinguidos socialistas.
El Código Ético del PSOE impide a los cargos públicos del partido apoyar el indulto de condenados por delitos de corrupción, que es el caso del socialista José Antonio Griñán, a quien se ha impuesto una pena de seis años de prisión por prevaricación y malversación de fondos públicos en la trama de los ERE.
"Los cargos públicos del PSOE se comprometen a no proponer ni apoyar el indulto de cargos públicos condenados por delitos ligados a corrupción, violencia de género, delitos de acoso o discriminación, contra la libertad e indemnidad sexuales, torturas o contra la integridad moral, así como la comisión de hechos constitutivos de delitos graves", se señala en el artículo 8.1 del Código Ético del partido que rige desde 2014, recogido por Europa Press.
Griñán, que fue ministro de Sanidad y de Trabajo en los años noventa y que llegó a ser presidente del PSOE y de la Junta de Andalucía, fue condenado por hechos cometidos cuando era consejero de Economía de la Junta, cargo que desempeñó entre 2004 y 2009.
El mismo artículo del código ético añade un segundo punto recalcando que "los cargos públicos y orgánicos se comprometen a no solicitar su propio indulto si fueran condenados por los mencionados delitos" ligados a la corrupción.
Dos expresidentes apoyan el indulto
Y entre los primeros firmantes de la petición de indulto de Griñán aparecen los expresidentes Felipe González, que le nombró ministro en 1992, y José Luis Rodríguez Zapatero, que le promovió como presidente del partido en 2012.
González y Zapatero ya no son cargos públicos del PSOE, por lo que no estarían obligados por ese artículo del código ético, pero sí cuentan con una dotación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) por su condición de ex presidentes del Gobierno de la Nación.
El PSOE subraya en sus normas de transparencia que el código ético "es de obligado cumplimiento para quienes ocupan un cargo público u orgánico o figuran en una lista electoral como candidato o candidata", supuestos que ya no afectarían a los expresidentes.