Las claves del pacto sobre financiación entre Gobierno y Cataluña: principio de ordinalidad y "OPA hostil a la Hacienda central"
Expertos advierten de que este nuevo modelo de financiación autonómico lo cambiaría todo y que tiene por objetivo que Cataluña termine logrando un sistema singular parecido a los de País Vasco y Navarra.
El acuerdo entre Gobierno central y Generalitat para la financiación singular de Cataluña está marcando la actualidad política de las últimas horas. De momento poco se sabe de éste, pero sí que ha provocado reacciones negativas por parte de gobiernos autonómicos tanto del PP como del PSOE, e incluso de algunas federaciones territoriales socialistas.
Los expertos económicos advierten de que las bases de este nuevo modelo de financiación autonómica lo cambiaría todo y que tiene por objetivo que Cataluña termine gestionando todos sus impuestos y recaudarlos, logrando así tener un sistema singular parecido al de País Vasco y Navarra.
Aún no se han desvelado ni cifras ni detalles concretos de lo que va a suponer la financiación singular de Cataluña, pero sí se ha trascendido que las medidas se van a desarrollar de manera paulatina y que es inviable que la Generalitat recaude todos sus impuestos y los gestione en enero de 2026, como pide ERC, porque no cuenta con suficientes efectivos.
Esto podría suponer el traslado de personal de la Agencia Tributaria estatal a Cataluña, algo que algunos expertos califican como hacer una OPA hostil a la Hacienda central.
"Supone no solo que Cataluña recaude el 100% de los impuestos y pague una pequeña parte al Estado, si no que, además, asume todas las funciones de gestión, inspección, recaudación, liquidación... Lo que supone el fraccionamiento de la Agencia Tributaria y su desaparición de ese territorio", explica el portavoz de la Asociación de Inspectores de la Hacienda estatal, José María Peláez.
Es por ello que se trabaja en un diseño que contempla que la administración catalana recaude todos los impuestos y transfiera una parte al Estado, un esquema que desde el Ejecutivo central pretenden extender al resto de las comunidades autónomas y que los expertos advierten que es inviable, ya que sería vaciar al Estado y acabar con la solidaridad territorial.
"Esto es algo así como que todos los impuestos generados en La Moraleja se queden en La Moraleja y que todos los impuestos generados en El Pozo del Tío Raimundo se quedasen también ahí, ¿usted cree que esto es justo?", explica Francisco de la Torre, inspector fiscal y autor del libro 'La factura del cupo catalán'.
El principio de ordinalidad
Otro de los asuntos que exigen los nacionalistas es que se establezca lo que se conoce como principio de ordinalidad. Esto es que como Cataluña es la segunda comunidad autónoma que más aporta, debe ser la segunda que más reciba, lo que supondría el fin de la redistribución de la riqueza y del principio de solidaridad.
"Esto significaría que si Amancio Ortega paga más impuestos que usted, debería recibir más de los servicios públicos porque es el que más aporta y, por tanto, debería tener prioridad para utilizar las carreteras o para que le atendiesen en un hospital", explica Francisco de la Torre.
Rechazo del resto de comunidades
Este principio de acuerdo ha sido recibido con rechazo por parte de muchas administraciones regionales de toda España. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que recurrirá a todas las instancias judiciales para impedir una cesión de tributos que, a su juicio, "arrolla la Constitución".
Otros gobiernos del PP, como el de Cantabria, el de Andalucía o el de Aragón lo han calificado como "tropelía" y "auténtico escándalo", a la vez que otros gobiernos socialistas como los de Asturias o Castilla-La Mancha también han expresado su rechazo.