Cuando Pedro Sánchez se preguntaba "quién va a pedir disculpas y perdón al fiscal general"
R.G. | Eva Llamazares
Madrid |
La nota de prensa distribuida por un canal oficial comunicación de la Fiscalíadictada por el fiscal general del Estado a su jefa de prensa es, según cuentan a Onda Cero fuentes jurídicas, uno de los hechos que han supuesto la condena a García Ortiz, aunque no ha sido el único.
El Tribunal, por mayoría de cinco a dos, considera que el fiscal general se saltó su deber de mantener la reserva de los datos que confidencialmente compartió el abogado de González Amador con el fiscal en el marco de un acuerdo de conformidad que viene regulado por un protocolo específico que acarrea el deber de sigilo.
No hay aún fundamentos jurídicos de la sentencia, pero la Sala ha querido anticipar el fallo para evitar filtraciones. Se desconocen los detalles, pero cuando el Tribunal Supremo admitió a trámite la querella del novio de Ayuso ya dio pistas clasificando solo en dos grupos las informaciones a las que puede acceder un funcionario por razón de su cargo y respecto a las que tiene deber genérico de reserva. Solo dos: las que constituyen secreto y las que no deban ser divulgadas.
Parece claro que el Tribunal ha visto que la conducta del fiscal general respecto al correo de confesión de González Amador se encuadra en esta última, en informaciones a las que accede en función de su cargo y que no deben ser divulgadas. Pero el correo se divulgó y por eso García Ortiz se convierte en el primer fiscal general del Estado condenado.
La pena está muy lejos de los hasta seis años de cárcel que se le pedían por revelación de secretos agravada al ser el tipo básico por el que se decanta el Tribunal, que lo deja en una multa de 7.200 euros e inhabilitación que le impedirá seguir como fiscal general del Estado durante dos años. Tiene, además, que correr con las costas e indemnizar al novio de Ayuso con 10.000 euros por daños morales.
Ahora, el fiscal general, que aún sigue en su cargo, podrá renunciar o esperar a que se notifique la sentencia, que en cuyo caso la inhabilitación es inmediata porque la sentencia será firme.
Esto es un triunfo innegable para las acusaciones populares, el Colegio de Abogados de Madrid o la asociación de fiscales APIF, pero especialmente para la acusación particular que defendió el letrado Gabriel Rodríguez Ramos frente a toda la construcción jurídica de Fiscalía y Abogacía del Estado.
El propio fiscal general del Estado reconoció en el juicio haber redactado una nota de prensa que se hizo pública el 14 de marzo de 2024 y que parece ser que ha sido lo que ha terminado decantando su culpabilidad por revelación de datos reservados de González Amador.
En la nota se citaba al empresario con nombre y apellidos, aunque lo habitual en estos casos es anonimizar los textos tachando la identidad de los implicados. Ya en el titular la nota hablaba de "aclaraciones" sobre "la denuncia de Alberto González Amador por delitos de defraudación tributaria y falsedad documental".
El texto, además, explicaba la apertura de diligencias "por hechos que podrían ser constitutivos de delitos de defraudación tributaria y falsedad documental" y se afirmaba que el abogado de González Amador había propuesto un pacto con la Fiscalía "a fin de reconocer los hechos delictivos y conformarse con una determinada sanción penal".
En la nota también se daban detalles sobre la denuncia que el fiscal encargado del caso había interpuesto contra el empresario y sobre las conversaciones entre la Fiscalía y el abogado del novio de Ayuso.