Choque político entre Ximo Puig y el Gobierno central por el trasvase de agua Tajo-Segura

A cuatro meses de las elecciones autonómicas, el decreto que prepara el Gobierno para actualizar los planes hidrológicos de cara a los próximos años ha reabierto un viejo debate entre los gobiernos autonómicos de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Región de Murcia.

El trasvase de agua del río Tajo al río Segura es un asunto de disputa que resurge en tiempos de sequía alimentado por la necesidad. La gestión y el cálculo del caudal que se trasvasa es objeto de un pulso que mantienen desde hace años el gobierno valenciano, el manchego y el murciano.

Ahora, esta vieja historia tiene un episodio nuevo. En el nuevo decreto, el Ejecutivo se abre a la posibilidad de recortar el caudal de agua del Trasvase del Tajo-Segura antes de 2025, lo que supondría la reducción de la cantidad de agua que reciben los agricultores para sus cultivos.

Puig tacha la decisión de "absolutamente inaceptable"

Ayer el presidente valenciano, Ximo Puig, advirtió al Gobierno de que, si consuma estos planes, estará incumpliendo lo acordado entre las distintas administraciones, sin haber tenido en cuenta al gobierno que él dirige y pide al ministerio de Transición Ecológica -dirigido por Teresa Ribera- que rectifique.

Además, Puig anunció que presentará alegaciones ante el Consejo de Estado en defensa del trasvase Tajo-Segura para respaldar a los regantes alicantinos y que el Gobierno mantenga el precio del agua desalada necesaria para los cultivos, subvención que ha desaparecido a principios de año.

"La decisión de incrementar el precio es absolutamente inaceptable [...] Por tanto, exigimos una rectificación", pide el presidente valenciano al Ejecutivo.

A todo esto, en Castilla- La Mancha, el ejecutivo autonómico de otro barón socialista, Emiliano García Page, aplaude la medida que significa más agua disponible para sus regantes.

Ribera defiende que es mentira que se incumpla el pacto

Por su parte, Teresa Ribera ha asegurado que es mentira que se esté incumpliendo lo pactado y ha alegado que su departamento ultima un nuevo decreto transitorio que llevará al Consejo de Ministros "a la mayor brevedad posible".

Así, el ministerio de Transición Ecológica, trata de calmar el descontento por el agua manifestando que ya se están estudiando ayudas por el precio que tiene desalar el agua, cuyo coste se ha visto triplicado con el fin de las subvenciones.