El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, convocará un Pleno extraordinario, que previsiblemente se celebrará el lunes, para debatir la propuesta de ocho vocales del ala conservadora de emitir una declaración institucional contra la futura ley de amnistía que beneficiará a promotores y partícipes del 'procés'.
La decisión de Guilarte tendrá lugar después de que ayer, 1 de noviembre, ocho de los 16 vocales del Consejo le pidieran que convocara un Pleno extraordinario para acordar una declaración institucional en la que se exprese la "intensa preocupación y desolación" del órgano por la ley de amnistía que el PSOE está ultimando con ERC y Junts, en el marco de las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez como presidente el Gobierno.
Para que la declaración institucional salga adelante son necesarios los votos de al menos 9 vocales. De partida, contará con el visto bueno de los 8 vocales firmantes del ala conservadora y, según las fuentes consultadas por Europa Press, con la negativa de los 6 vocales del sector progresista. La incógnita reposa entonces sobre dos vocales también identificados con el bloque conservador: el propio Guilarte y el vocal Wenceslao Olea que, según algunas voces, podrían optar por abstenerse.
Fuentes del CGPJ sostienen que la negativa de los progresistas sería en bloque, dado que éstos consideran que se trata de un pronunciamiento político y no de una declaración institucional. Asimismo, inciden en que dichos vocales entienden que tampoco se trata del momento oportuno puesto que aún no hay una ley sobre la mesa.
Las mismas fuentes subrayan que no hay precedentes de que se pida una declaración de este tipo sin haberse presentado una proposición de ley. Aseguran que hasta ahora el CPGJ solo se ha pronunciado cuando ya había registrado un texto en el Congreso. Y, además, recuerdan que el Consejo solo tiene competencias para hacer informes sobre anteproyectos de ley y no tiene control alguno sobre las iniciativas y pactos de los grupos parlamentarios.
Hay voces del sector progresista que creen que sus seis vocales ni siquiera deberían comparecer al Pleno extraordinario porque opinan que el CGPJ no tiene competencias para abordar una declaración institucional sin que haya texto alguno sobre el que pronunciarse. De ser así, no habría el 'quorum' suficiente para que la reunión se celebrase.
El debate tendrá lugar a petición de los vocales Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Francisco Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad y María Ángeles Carmona. Todos nombrados a propuesta del Partido Popular.
En su texto, al que tuvo acceso Europa Press, los vocales conservadores aseguraron que la ley de amnistía tendrá efectos de "degradación" para el país, "cuando no de abolición del Estado de Derecho en España". Insistieron también en que cuando se aplique la amnistía a los encausados por el 'procés' el Estado de Derecho en España "pasará a ser una mera proclama formal que inevitablemente tendrá que producir consecuencias en perjuicio del interés real de España".
Los firmantes aseguraron que habían observado "con creciente preocupación" las declaraciones que sobre esta medida han realizado los partidos independentistas en las últimas semanas. Y expresaron su temor a que ésta afecte no sólo a los acontecimientos relacionados con el referéndum de 2017 sino también a otros anteriores, entre los que habría "delitos de corrupción", y también posteriores, cometidos "para oponerse a la acción legítima del Estado para llevar a sus autores ante la justicia".
Dichos vocales indicaron que en un principio optaron por mantener una "actitud de prudente expectativa" mientras esas declaraciones no fueron respaldadas por el presidente del Gobierno en funciones pero, tras las declaraciones de Sánchez el pasado sábado ante el Comité Federal del PSOE, confesando que la amnistía es necesaria para lograr apoyos a su investidura, consideraron necesario un pronunciamiento del CGPJ.
En su escrito, los firmantes denunciaron expresamente que la ley se vaya a pactar con partidos como Junts, "dirigido por un prófugo de la justicia que se beneficiará personalmente de la medida", en referencia al expresidente catalán Carles Puigdemont. Y cargaron contra Sánchez por argumentar que la amnistía se adoptará en "interés de España" para "impedir un eventual gobierno de partidos de derecha en caso de que hubiese repetición electoral"