El Congreso de los Diputados ha sacado adelante la reforma del Código Penal, que ahora va camino del Senado. Hoy viernes hay reunión de la mesa de la Cámara Alta y de los portavoces de la Comisión de Justicia para decidir el calendario de la tramitación de la proposición de ley que elimina la sedición, rebaja las penas de malversación y cambia el sistema de elección de magistrados del Tribunal Constitucional.
De cumplirse las previsiones, será el próximo jueves 22 de diciembre cuando la reforma se debata en el Pleno del Senado. Es el siguiente paso después de que ayer el Congreso aprobase finalmente esta proposición de ley impulsada por el Gobierno junto a Esquerra Republicana.
Finalmente, la votación pudo celebrarse porque, a pesar del recurso de amparo que el Partido Popular presentó ante el Constitucional para frenar dicha votación, el pleno del Tribunal fue aplazado para el próximo lunes por falta de tiempo y acuerdo entre los magistrados para decidir en condiciones sobre una cuestión tan determinante como es la suspensión de la tramitación parlamentaria de la reforma express del Código Penal.
A pesar de que no se celebró el pleno del Constitucional, su mera convocatoria por el recurso del PP sirvió para que en el Congreso, el Gobierno y la oposición se acusasen mutuamente de querer dar un golpe de Estado.
El Gobierno y sus socios parlamentarios acusaban a la derecha de golpista por querer paralizar al Parlamento usando al Constitucional. Así, Bildu, Esquerra y el PSOE esgrimían el fantasma del 23-F para definir lo que estaba haciendo el PP.
A la gresca política y la estrategia para desacreditar al Constitucional se sumó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que considera que el Partido Popular quiso atar de manos al Parlamento.
Por su parte, los populares lo decían por la intención de cambiar el sistema de elección del Constitucional colándola en una reforma del Código Penal. La portavoz del PP, Cuca Gamarra, contestaba indignada a la bancada de la izquierda que así jamás hubieran hablado los socialistas de antes.
La oposición considera que sacar al debate político el intento de golpe de Estado en el 23-F fue una estrategia de los socios de la izquierda para tapar lo que se votaba en el Congreso: reformar el Código Penal, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional.