Una auditoría al PSOE que queda en 'casa': la vinculación de uno de los firmantes con el Gobierno
El PSOE remitió la auditoría solo a cuatro medios de comunicación y en versión física, no digital.
El PSOE ha querido cerrar el debate sobre una posible financiación irregular con un informe de 108 páginas que descarta la existencia de fondos no declarados en las cuentas del partido. El documento, encargado por la propia dirección socialista, concluye que todos los ingresos y gastos en efectivo están debidamente justificados y que no existe ningún movimiento ajeno al circuito oficial de la tesorería.
El informe, presentado como una auditoría externa e independiente, reconoce, eso sí, la existencia de algunos gastos "llamativos" imputados al partido durante la etapa de José Luis Ábalos al frente de la Secretaría de Organización. Entre ellos, cenas navideñas, almuerzos simultáneos en distintos puntos de España o desembolsos que superaban los 60 o 70 euros por comensal. Anomalías que el documento califica de excesos, pero que en ningún caso, según sus autores, constituyen financiación ilegal ni la existencia de una caja B.
Sin embargo, más allá del contenido, el foco se ha desplazado hacia quién firma la auditoría y cómo se ha difundido. El documento no fue publicado íntegramente ni entregado en formato digital. La sede de Ferraz citó únicamente a cuatro medios de comunicación para acceder al informe.
Los firmantes son dos catedráticos de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid: César Martínez Sánchez y Félix Vega Borrego. Ambos cuentan con una trayectoria académica reconocida, pero también con vínculos previos con el ámbito político y gubernamental. Martínez Sánchez fue vocal asesor en la Presidencia del Gobierno durante el primer Ejecutivo de Pedro Sánchez, entre 2018 y 2019, donde se ocupó del asesoramiento jurídico-económico en Moncloa. Por su parte, Vega Borrego fue propuesto por Podemos como vocal del Consejo General del Poder Judicial en el cupo de juristas de reconocido prestigio.
Estas conexiones no invalidan automáticamente el contenido del informe, pero sí condicionan la percepción de independencia de la auditoría presentada como externa.
Esa naturaleza queda aún más clara con la decisión del PSOE de no remitir el informe a la Audiencia Nacional. El juez Ismael Moreno mantiene abierta una pieza separada para investigar posibles irregularidades en las cuentas socialistas, una causa que llegó a la Audiencia Nacional por deducción de testimonio desde el Tribunal Supremo.