En un escrito, el juez Santiago Pedraz le pide al concejal de ahora Madrid que se presente en virtud de una querella interpuesta por Dignidad y Justicia, a causa de las bromas que publicó el pasado 31 de enero de 20011 en su cuenta de Twitter.
Algunos de los tuits que han llegado a las manos del juez han sido los de Irene Villa, víctima de ETA, y los del holocausto judío. Estos fueron los que provocaron su dimisión como concejal de Cultura de Madrid.
Según la fiscal Blanca Rodríguez, estos hechos “pueden implicar incitación al odio y a la violencia”.
Para la fiscal, este tipo de comentarios afectan “directamente a su honor como víctimas y a su dignidad” y que constituyen una frontera al derecho fundamental a la libertad de expresión.
Además, este suceso se puede enmarcar en el delito de humillación a las víctimas del artículo 578 del Código Penal, que conlleva una pena máxima de dos años de cárcel.