Las siete asociaciones de jueces y fiscales no se ponen de acuerdo en la respuesta que deben dar al Gobierno sobre su oferta de 46,7 millones de euros para aumentar sus salarios ni en cuándo comenzar su huelga.
Ya sea por "ampliar el margen de negociación" o "como signo de buena voluntad", todas las asociaciones convocantes de la huelga indefinida han decidido aplazar el parón o dejarlo en suspenso para afrontar la que se presenta como la última semana de las negociaciones, en la que todas las partes deben dejar claras sus "posiciones definitivas".
Así lo indican los progresistas Juezas y Jueces para la Democracia en un comunicado: "El proceso finalizaría el día 18 de mayo con una nueva reunión en la que deberán fijarse las posiciones definitivas de las asociaciones", explican.
Aunque la última oferta de los Ministerios de Hacienda y Función Pública y de Justicia ya era en teoría también definitiva, las asociaciones han atendido la petición del secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, de desconvocar la huelga a partir de este martes como condición 'sine qua non' para recibir una "nueva oferta".
El proceso finalizaría el día 18 de mayo con una nueva reunión en la que deberán fijarse las posiciones definitivas de las asociaciones
Además de un paquete de 46,7 millones de euros destinados a aumentar las retribuciones de jueces y fiscales, la última propuesta del Gobierno incluye mejoras laborales, de conciliación, y contempla un calendario de trabajo técnico de cara a la próxima mesa de retribuciones, que por ley se debe reunir cada cinco años.
Aunque todas coinciden en su "diagnóstico" de la situación de la administración de Justicia y, en concreto, de las carreras judicial y fiscal, las asociaciones se muestran divididas respecto a la presión que deben ejercer sobre el Gobierno y a los mínimos para firmar el acuerdo.
Para favorecer un mayor "margen de negociación" y a petición del Gobierno en su último encuentro el miércoles pasado, cuatro de las cinco asociaciones convocantes de la huelga indefinida a partir de este martes, 16 de mayo, decidieron posponerla al lunes que viene, día 22.
Estas son la Asociación de Fiscales, mayoritaria en este cuerpo, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente.
Según la Asociación Profesional de la Magistratura, los 46,7 millones ofrecidos por el Gobierno, que supondrían una subida de unos 450 euros brutos mensuales de media por funcionario, son "insuficientes e inasumibles", pues no permiten "recuperar siquiera la mitad del poder adquisitivo perdido desde el año 2003 y el recorte salarial superior al 10 %" que experimentaron en el 2010.
No obstante, tras el anuncio del aplazamiento de la huelga por parte del resto de asociaciones convocantes, la directiva de la APM, la mayoritaria entre los jueces y la más conservadora, se decantó por dejar en suspenso el paro indefinido "como gesto de buena voluntad" y "a la espera de los avances que se produzcan en la mesa de retribuciones".
Desde el principio, las progresistas JJpD y la Unión Progresista de Fiscales han sido las únicas en oponerse a la huelga indefinida, que llegaría en plena campaña de las elecciones locales y autonómicas y que supondría una "crisis todavía más grave en la administración de Justicia".
Para evitarla, abogan por aceptar la propuesta que hay sobre la mesa, que consideran "seria" y "responsable", aunque celebrarían cualquier mejora en ella.