Las asociaciones de jueces afirman que la reforma del Gobierno puede suponer "meter" magistrados por la "puerta de atrás"

Tres de las cuatro asociaciones de jueces, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI), han avisado de que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) anunciada por el Gobierno puede servir para "meter" jueces sustitutos por la "puerta de atrás".

Estas reacciones tienen lugar después de que el Consejo de Ministros haya aprobado un anteproyecto para incluir un examen escrito para el acceso a la carrera judicial y fiscal, ampliar el número de plazas de jueces y fiscales y de becas para opositores, y prohibir la financiación privada de asociaciones judiciales, entre otras cuestiones.

La presidenta de la APM la mayoritaria de jueces, María Jesús del Barco, asegura que "hay cuestiones de la ley que son inasumibles" e incide en que hay reformas de las que sospechaban pero no sabían "nada". "Nos quieren meter a los jueces sustitutos con calzador para cubrir el número de plazas vacantes", apunta.

Sergio Oliva, portavoz de la AJFV, considera que este anteproyecto de ley constata "la profunda desconfianza que tiene el Poder Ejecutivo respecto de los jueces". "Aunque hay luces en la reforma, como el mantenimiento de un sistema de becas o el establecimiento de un registro audiovisual de los exámenes orales, lo cierto es que son muchas las sombras que arroja", añade.

La AJFV se opone a la "implantación" de cualquier sistema de acceso a la carrera judicial que pudiera "poner en cuestión los criterios de igualdad, mérito y capacidad". "Entendemos que no resulta constitucionalmente viable llevar a cabo un proceso de estabilización de jueces sustitutos y de fiscales interinos porque es perjudicial para los miles de opositores", sostiene.

El portavoz de Foro Judicial Independiente (FJI), Fernando Portillo, también se muestra "muy en contra" del "cuarto turno excepcional que se quiere crear para acabar con el problema de la interinidad". "Para eso está la oposición libre y el cuarto turno de siempre. Las dimensiones de la reforma serán brutales. Estamos hablando de introducir o de cambiar al 20% de la carrera judicial por esta, entre comillas, puerta de atrás", dice.

Examen escrito

Sobre un posible examen escrito en las oposiciones, el portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Edmundo Rodríguez, se muestra favorable. "Reformar los ejercicios de acceso por turno libre a judicatura para que al menos uno sea práctico y no exclusivamente teórico es un acierto que supone limitar la oposición memorística y volver al sistema previo", sostiene.

FJI discrepa: "Lo de suprimir uno de los dos exámenes orales y sustituirlos por un examen escrito, que entendemos que será un supuesto práctico, la verdad es que no nos parece una buena medida". Al hilo, sostiene que el sistema de acceso actual "garantiza" una "alta preparación técnica de los jueces" que "no es exclusivamente memorístico, como se viene a decir". "Introducir un supuesto práctico por escrito supone cuestionar la labor de la Escuela Judicial", añade.

Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales (AF) --la mayoritaria de la carrera--, insiste en que aún es un "poco prematuro" abordar el asunto. Sin embargo, señala que están a favor del sistema de oposición por un turno libre a través de "ejercicios orales".

"Después, si se aprueba esa parte teórica, está la formación práctica a través del Centro de Estudios Jurídicos --en el caso de los fiscales-- y de la Escuela Judicial --en el caso de los jueces--, donde ya se toma conciencia de cómo se aplican todas esas normas cuyo contenido se ha estudiado", señala.

El portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Félix Martin, defiende que "toda modificación en el sistema de acceso que fomente la capacidad de razonamiento y de argumentación sobre una concepción exclusivamente memorística supone una modernización y una mejora del sistema".

Desde FJI recalcan que el anuncio les ha pillado "a todos por sorpresa". "El 15 de enero estábamos reunidos con el Secretario de Estado y no nos dijo nada al respecto", agregan.

Miguel Pallares, de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), asegura que no termina de ver "positiva" toda esta reforma y subraya que en el anteproyecto "se proponen soluciones a algo que está funcionando bien".

Preparación de opositores

Respecto a la propuesta para la formación pública de opositores --los fiscales en el Centro de Estudios Jurídicos y los jueces en la Escuela Judicial--, la APM muestra sus reticencias: "¿Quién va a decidir quién entra?".

FJI también duda de este punto de la reforma. "Que se puedan preparar las oposiciones en un organismo público plantea muchos interrogantes de plazas y de condiciones para acceder: si existirá o no algún tipo de favoritismo a aquellos que se preparan ahí frente a los que preparan fuera; si existirá algún tipo de filtro de control ideológico, o bien si incluso se está buscando ideologizar a los futuros jueces", apunta.

Por su parte, el portavoz de JJpD califica de "notable avance" que se pretenda "publificar" el sistema de preparación de oposiciones habilitando al Centro de Estudios Judiciales para ello, ya que hasta ahora "es una actividad privada".

Dexeus, de la AF, recuerda que al tratarse de un anteproyecto podrán emitir dictamen y "habrá un trámite para que los organismos consultivos puedan también hacer un informe técnico jurídico de la norma". La AJFV espera que durante el proceso legislativo las asociaciones sean "escuchadas".

Celebras las Becas

Pese a las discrepancias, hay un punto en el que coinciden: las becas. El portavoz de JJpD pone en valor que se haya decidido "elevar a rango legal el régimen de concesión de becas para estudiar judicatura con una asignación digna, equivalente al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), de larga duración y compatible con otras becas". Aunque la APM ve pertinente que se refuercen las becas, se pregunta si el SMI realmente servirá para incentivar o tendrá un efecto inverso.

La presidenta de la AF considera "muy conveniente" el sistema de becas que "siempre" han reclamado las asociaciones. El portavoz de la UPF recuerda que es una "aspiración histórica" y sostiene que su consagración por ley es "fundamental para que las razones económicas no se conviertan nunca en el obstáculo insalvable".

Desde FJI celebran que "se blinde por ley el sistema de becas para familias verdaderamente desfavorecidas", aunque recuerdan que este mismo martes el CGPJ ha informado de que la nueva promoción de jueces está compuesta en un 67% por mujeres y que un 34% procede de familias cuyos progenitores no tienen estudios superiores.

Comisión Ética del CGPJ

Las reformas propuestas para modificar la Comisión de Ética Judicial del CGPJ también generan discrepancias. La APM las considera una "barbaridad", mientras que JJpD las ve "acertadas".

El Gobierno pretende cambiar su composición y la elección de sus miembros, de modo que pasará a tener nueve integrantes, de los cuales cinco serán jueces y magistrados elegidos por la carrera y otros cuatro serán elegidos por las Cortes Generales entre catedráticos de Ética, Filosofía del Derecho o Filosofía Moral.

Sobre la reforma relativa a los juzgados de violencia sobre la mujer, el portavoz de JJpD ve "imprescindible" que se reconozca la experiencia de quienes han trabajado "al menos tres de los últimos cinco años" en dichos juzgados.

Respecto a la prohibición de la financiación privada de asociaciones, la APM critica que se pretenda dar la imagen de que representa la mayoría de la financiación. "Me parece falaz dar a entender eso", añade y recuerda que cuentan con financiación del propio CGPJ y de asociados.

Las claves de la reforma del Gobierno

El Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto que busca aumentar hasta un 25% el número de jueces que entran en la carrera por el cuarto turno, lo que implica que no hacen oposición, procedimiento que también se aplicará por primera vez a los fiscales. Esta propuesta legislativa fue explicada por el titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

El ministro indicó que esta reforma permitirá la "ampliación y fortalecimiento" de las carreras fiscal y judicial, al tiempo que destacó que supone la primera reforma "de calado" de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que entró en vigor en 1985.

Bolaños indicó que, entre otros cambios, esta norma busca que se haga efectivo que el 25% de los jueces accede a la carrera por el cuarto turno, lo que permite incorporarse a juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio que no hacen la oposición general.

El ministro indicó que "no ha funcionado en la práctica" lo establecido en la ley en vigor sobre el cuarto turno, que buscaba que uno de cada cuatro jueces lograra el puesto por este procedimiento. El anteproyecto contempla que, por primera vez, este sistema se extienda a los fiscales. Al mismo tiempo, el anteproyecto consolida y protege las Becas SERÉ al darles rango legal. Son ayudas dirigidas a los opositores de los principales cuerpos de la Administración de Justicia, cuya cuantía será equivalente, al menos, al SMI en cómputo anual, y tendrán una duración de hasta 4 años.

Igualmente, convierte el Centro de Estudios Jurídicos en un centro público de preparación de oposiciones que contará con distintas delegaciones, con el fin de reducir la brecha de oportunidades derivada del lugar de residencia. Asimismo, los jueces y magistrados en activo necesitarán el reconocimiento de la compatibilidad por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para la preparación de oposiciones, además de establecerse un registro público de preparadores.

Por otro lado, reforma el sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal, de forma que se adaptan los mecanismos de selección para acercarlos a la realidad del desempeño judicial y garantizar la igualdad de oportunidades.

En este sentido, destacan novedades como el anonimato en la corrección de las pruebas escritas, o la sustitución de un ejercicio memorístico en la oposición libre por un caso práctico que pondere la capacidad de razonamiento.

La norma establece fórmulas que permiten dotar de recursos humanos suficientes a la Administración de Justicia, dimensionados en función de la carga de trabajo de los tribunales. Entre ellas, favorece la promoción a través de ascensos por antigüedad; avanza en la especialización y el desarrollo profesional de jueces y magistrados, por ejemplo, los de ámbito mercantil o de violencia sobre la mujer.