JUSTICIA

Una asociación de jueces y dos de fiscales piden a García Ortiz que no acuda a la apertura del Año Judicial

Lo hacen en respuesta a la negativa de dimitir de Álvaro García Ortiz. Este curso será el primero en el que el fiscal general del Estado esté procesado en una causa judicial.

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Carlos Martín

Madrid |

Audio: Eva Llamazares/ Foto: Europa Press

El próximo día 5 de septiembre el rey Felipe VI, y la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, presidirán a partir de las 12:00 horas el acto de inicio del año judicial. Será la primera vez que se inaugure con el fiscal general del Estado a punto de ser imputado por un delito, en este caso por el de revelación de secretos. Por esto mismo, una asociación de magistrados y dos de fiscales le han pedido en un comunicado que no acuda al acto.

"Queremos mostrar nuestro rechazo a la presencia en este acto de don Álvaro García Ortiz. Sentar junto a Su Majestad el Rey y ante el Poder Judicial a una persona contra la que se ha acordado la incoación de un procedimiento abreviado en virtud de resolución firme y cuando, con toda probabilidad, se abrirá juicio oral, es un hecho insólito, que constituye un acto de desprecio a los principios básicos del Estado de Derecho y al propio jefe del Estado", han firmado la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.

Estas tres organizaciones han incidido en el hecho de que al acto acudirán el jefe del Estado, así como la presidenta del CGPJ y que el acto esté encabezado por un fiscal general salpicado por la corrupción "mina la credibilidad de la Justicia y afecta a todos los jueces, magistrados y fiscales que cada día desempañamos nuestra función desde la absoluta independencia y con escrupuloso respeto al principio de legalidad".

Por tanto, pese a que han manifestado su respeto por la presunción de inocencia, han destacado que "el respeto a las instituciones y a lo que representan están por encima de los intereses particulares de quienes somos servidores públicos".

Los conservadores del CGPJ piden que no vaya

No obstante, estas organizaciones no han sido las únicas en pronunciarse, según ha podido saber Onda Cero, los vocales conservadores del CGPJ le han solicitado a la presidenta Perelló que le traslade al fiscal general del Estado la inconveniencia de acudir al acto del inicio del Año Judicial.

No ha sido la única petición, también le instan a Perelló a comunicarle al ministro de Justicia, Félix Bolaños, quien también acudirá al acto, que no ocupe un lugar en los estrados para así mostrar su rechazo a los ataques "injustos" a jueces por parte del Ejecutivo.

Ya existía runrún en torno la presencia de García Ortiz en el acto

Durante la jornada del miércoles, laSexta pudo saber que los magistrados preparaban algún tipo de 'performance' para reprobar a Álvaro García Ortiz. De hecho, todo apuntaba que era el ala conservadora sería quien estuviera detrás. Aunque es cierto que no se ponían de acuerdo entre si levantarse justo cuando García Ortiz fuese a dar su discurso o si entrar a la sala justo después. Pero claro, su temor es que su gesto se interpretase como una ofensa a su majestad o la presidenta del CGPJ. Por eso mismo, tenían previsto discutir este hecho el miércoles tras la toma de posesión de los presidentes de la Sala Segunda y Tercera del Alto Tribunal.

Por su parte, desde la Fiscalía, según las fuentes consultadas por la cadena de televisión, no parecían saber nada de esto, pero en cualquier caso esperaban que no se produjese, ya que se trata de un evento de importante calado. Del mismo modo, altas instancias del ala conservadora de los jueces se habían mostrado contrarios a la realización de cualquier tipo de iniciativa, precisamente, por la presencia de su majestad: "Con el rey no procede", le han comunicado a laSexta.

Precisamente este miércoles García Ortiz le hizo entrega al monarca de la Memoria Anual de la Fiscalía. No obstante, tendrá que ir a juicio por haber cometido el presunto delito de revelación de secretos, en el que incurrió cuando supuestamente difundió el correo electrónico en el que la defensa de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, reconocía haber cometido delitos fiscales.