El Consejo de Ministros ha dado luz verde este viernes a la Ley de Bienestar y Protección Animal que regula la relación con los animales de compañía y responde al sentir de la sociedad para no tolerar el maltrato, el abandono y el sacrificio de los animales.
La nueva norma impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, responde al compromiso fijado en el acuerdo de coalición y supone un "avance" en el cumplimiento del mismo.
Uno de los puntos claves de la ley es el sacrificio cero de animales de compañía, que solo se contempla por motivos de salud pública o de eutanasia. Para ello, es clave también la máxima de abandono cero de dichos animales pues se estima que 150.000 y 300.000 mascotas padecen esta situación cada año en España.
Asimismo, la ley pondrá fin a la comercialización de animales en las tiendas de mascotas, así como su exhibición y exposición al público con fines comerciales. A ello se suma que la cría, solo podrá llevarse a cabo por criadores autorizados, en ningún caso por particulares y además deberán figurar en varios registros.
Otros de las medidas que incluye la norma es prohibición de prácticas que provoquen sufrimiento en los animales, como por ejemplo, el uso de collares eléctricos o pinchos o la posibilidad de llevarlos atados a un vehículo en marcha. Además se aboga por impulsar a los zoos en lugares de cría autóctona en cautividad y se establecía que los particulares no podrían tener más de cinco animales en su hogar.
La ley considera que ningún animal es peligroso por su raza y que los perros deben ser valorados individualmente. Por eso se elimina la lista de perros peligrosos, "sin perjuicio de que, reglamentariamente, se establezcan las condiciones en que deberían manejarse, previa realización de un estudio de sociabilidad".
La Ley de Bienestar y Protección Animal, que abrió el plazo de información publica el pasado 6 de octubre, establece un reglamento sancionador que contempla tres tipos de multas (leve, graves y muy graves) y que podría llegar hasta los 600.000 euros.
También incluye sanciones para los incumplimientos que pueden dar lugar al decomiso del animal y su entrega a una entidad de protección, así como la posibilidad de inhabilitar al propietario de la tenencia de animales "por un periodo máximo de cinco años para las infracciones graves y de cinco a diez años para las muy graves".
La nueva ley ha provocado algunas contradicciones con el Ministerio de Agricultura ya que buscaba promover una normativa propia para los perros de caza y las rehalas que se adapte a sus circunstancias y a la actividad para las que son empleadas.