Madrid |
El contundente informe de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción detalla cómo la adjudicación de más de 70 millones de euros a la UTE formada por Acciona y Servinabar —empresa vinculada al exsecretario general del PSOE, Santos Cerdán— estuvo viciada desde sus inicios, debido a irregularidades en el proceso de valoración y votación de la mesa de contratación. El presidente de la mesa conoció previamente las puntuaciones del resto de técnicos, maniobra que favoreció la adjudicación a la UTE bajo sospecha.
El Gobierno foral, que inicialmente negó el caso, ha admitido ahora irregularidades administrativas aunque asegura que no hay perjuicio económico para la Hacienda pública.
Santos Cerdán, actualmente en prisión por corrupción, ve reavivada la polémica con este informe que relaciona directamente su empresa con una adjudicación fraudulenta a gran escala. La UTE adjudicataria incluía a Servinabar 2000 SL, compañía en la que, según investigaciones, Cerdán tenía un contrato privado para la compra de una significativa parte de las acciones.
Este análisis añade presiones sobre el PSOE de Navarra y su presidente, María Chivite, quien ha tenido que enfrentar críticas por reuniones con socios de Cerdán y por avalar a esta adjudicación millonaria.
El partido Unión del Pueblo Navarro (UPN) ha reclamado explicaciones urgentes y dimisiones tras calificar el informe de "claro indicio de fraude" y "daño institucional". Javier Esparza, portavoz de la agrupación, ha pedido que Chivite asuma responsabilidades políticas ante lo que considera un escándalo que empaña la gestión del PSOE en Navarra.
Por su parte, el PSOE defiende que las irregularidades detectadas son de carácter administrativo y niega que existan indicios penales o perjuicio económico, señalando que el proceso seguirá su curso y que se acatarán las decisiones judiciales.
Además de las obras de Belate, la Oficina Anticorrupción ha detectado irregularidades en la adjudicación de más de 60 viviendas de protección oficial en Pamplona, también gestionadas por empresas vinculadas a Santos Cerdán. Estas nuevas evidencias amplían la investigación y mantienen en tensión la política foral, mientras la comisión parlamentaria de investigación sigue recabando documentos y testimonios.