Ángel Víctor Torres negó en 2024 haber tenido contacto con Koldo García: ahora la UCO considera probado lo contrario

El caso sobre la presunta trama de contratos irregulares durante la pandemia da un nuevo giro. Pese a que el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, sostuvo públicamente que ni él ni su equipo recibieron presiones ni indicaciones por parte de Koldo García o miembros del Ministerio de Transportes, la última investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha hecho aflorar mensajes y material probatorio que desmontan esa versión.

El nuevo informe, entregado al juez de la Audiencia Nacional, prueba que Torres intercedió en pagos vinculados a empresas bajo sospecha durante su etapa como presidente del Gobierno de Canarias.

Desmentidos reiterados frente a los hechos

En el vídeo ahora conocido, Torres reitera: "A mí no me llamó ni el ministro ni nadie de su equipo del Ministerio de Transportes para contratar con esta empresa… Ni hubo indicaciones a mí, porque no las hubiera aceptado, ni orden de mi parte para que se contratara en ningún caso con ninguna empresa durante la época de la pandemia".

Esa declaración, realizada en 2024, pretendía zanjar cualquier sospecha de intermediación o influencia directa en la adjudicación del controvertido contrato de mascarillas para el ServicioCanario de Salud, por el que se abonaron 2 euros por mascarilla, según defendía el entonces presidente autonómico.​

La UCO: pruebas de gestión directa e influencia

El panorama ha cambiado radicalmente tras los últimos hallazgos de la UCO. Según el informe policial, Ángel Víctor Torres no solamente estaba al tanto, sino que mantuvo conversaciones e incluso gestionó personalmente pagos pendientes para Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, la compañía vinculada a la trama.

Mensajes revelados por la Guardia Civil demuestran que Torres escribió a Koldo García frases como: "Estoy encima de tu pago. Ya está validado el material", evidenciando la intervención directa del político canario en la resolución de asuntos administrativos cruciales para la empresa investigada.​

Además, la UCO documenta que la influencia de Koldo García—mano derecha de José Luis Ábalos—fue decisiva para que Torres intercediera en favor de estos pagos e, indirectamente, para que la empresa de Víctor de Aldama obtuviera contratos millonarios de material sanitario en las islas. En uno de los intercambios, incluso se especifica el importe adeudado a la firma, alcanzando los 7,8 millones de euros.​

Qué dice hoy la defensa de Torres

Ante la publicación de estos mensajes, el entorno de Torres insiste en que el ministro "no tiene nada que ocultar", y exige la publicación íntegra del informe policial para "poner punto final a toda infamia". Desde su gabinete se reitera que "no existen peticiones de mordidas, comisiones ni irregularidades" en su gestión, apuntando a una campaña de "daño irreparable" sobre su figura.​

No obstante, la cascada de pruebas por parte de la UCO coloca a Ángel Víctor Torres en el centro de la polémica y pone en entredicho la credibilidad de sus afirmaciones públicas en 2024.

La entrega de este nuevo informe al juez de la Audiencia Nacional incrementa la presión institucional sobre Torres y el Gobierno. Diversos partidos exigen ya explicaciones claras tras comprobarse documentalmente el contacto y la gestión directa del ahora ministro en la polémica adjudicación, en un caso que amenaza con prolongar la erosión política para el Ejecutivo central.