Alsina desvela la "lógica sospecha" sobre Cataluña que tienen las comunidades con la financiación: "Primero la meta, luego los números"

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, únicamente consiguió este miércoles el apoyo de Cataluña a su propuesta para reformar el sistema de financiación autonómica. Las 12 comunidades y ciudades autónomas gobernadas por el PP, junto con los gobiernos socialistas de Asturias y Castilla-La Mancha, expresaron su rechazo al modelo del Ejecutivo de Pedro Sánchez en la bronca reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

La cumbre se saldó sin sorpresas. Todos los gobiernos autonómicos, menos el de Cataluña, habían planteado su oposición antes de asistir a un encuentro del que salieron con las mismas dudas, ya que ni siquiera recibieron ningún papel nuevo por parte del Ministerio. La mayoría de consejeros expresaron su malestar y decepción con los resultados de la cumbre, como verbalizaron después ante las cámaras de televisión. "Se nos ha presentado una corrupción de Estado", llegó a aseverar la titular de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert.

Las críticas y el principio de ordinalidad

Fue el gobernado por Emiliano García-Page el que fue más lejos al decir que está estudiando incluso acudir a la vía judicial para impedir que se consume lo que llama abiertamente "un privilegio" en favor del Gobierno autonómico catalán de Salvador Illa.

Reseña también Carlos Alsina en 'Más de uno' las contradicciones de María Jesús Montero a la hora de explicar si había o no principio de ordinalidad -quien más aporta, más recibe- en el nuevo sistema de financiación autonómica: "Dice que no hay, pero lo que ocurre es que con Cataluña sí se cumple. No es un principio porque no es para todos y porque no lo pueden reclamar todos los gobiernos autonómicos".

La "lógica sospecha" de las comunidades

El presentador explica que el Gobierno de Cataluña "sí lo reclamó", y que este principio existe "no porque se le haya concedido la reclamación", sino porque "se han echado las cuentas y han salido así los números".

Es decir, que resulta "bastante lógica la sospecha" que tienen las comunidades críticas con el modelo: que primero se estableció la meta -que era que en Cataluña sí hubiera ordinalidad-, y luego ya se han hecho los números para que salga eso: "Es la sospecha de los gobiernos autonómicos a la vista de que con quien se ha negociado el modelo ha sido ERC (ni siquiera el Gobierno catalán), la oposición, y a los gobiernos autonómicos se les ha dicho 'esto es lo que hay'".