27 de marzo de 2025
Ciudadanos ha preguntado en el Congreso de los Diputados al Gobierno por qué el ministro de Consumo, Alberto Garzón, contrató a un bufete privado por 12.000 euros para que elaborara un informe sobre cómo trasponer en la legislación española una directiva europea sobre consumo.
La formación naranja alega que hay abogados del Estado suficientes para hacer este trabajo y critican que se haya realizado esta contratación al despacho privado Consumer Consulting S.L., propiedad del presidente de la Asociación Española de Consumo.
Por su parte, el Gobierno ha justificado esta contratación asegurando que el Ministerio de Consumo tiene un excesivo volumen de trabajo, por lo que decidieron recurrir a un consultor externo.
Además, el Ejecutivo alega que se trataba de un ámbito "previsto legalmente en la actualidad" por lo que "se hacía preciso contar con el apoyo de un informe que valorase los criterios que han de tomarse de referencia para fijarlos en el anteproyecto de ley de transposición de la norma de la UE".
Asimismo, destacan que la intención del informe era contar con valoración jurídica "experta" para saber las características que deben concurrir en las asociaciones de consumidores que serán habilitadas para la interposición de las acciones de representación a la que se refiere la directiva europea, así como el procedimiento para su designación y seguimiento de su actividad.
Por otro lado, reconocen que el presupuesto máximo de licitación del contrato se fijó en 11.999,99 euros, IVA incluido, siendo adjudicado la empresa Consumer Consulting S.L. por ser ésta "la oferta más ventajosa económicamente".