La AIReF consulta a la Abogacía del Estado para defender su independencia ante un nuevo encargo del Gobierno

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha elevado una consulta a la Abogacía del Estado para aclarar si el Gobierno puede obligarle a elaborar un nuevo informe sobre pensiones que no está previsto en su ley reguladora. La presidenta del organismo, Cristina Herrero, ha defendido que la AIReF debe mantener su independencia y que los informes y opiniones que emite no pueden imponerse por decreto, sino que deben ajustarse a lo que marca su marco legal.

El origen de este conflicto está en una modificación reciente del Real Decreto que regula las evaluaciones de pensiones. Con este cambio, el Gobierno pide a la AIReF que emita un informe adicional antes de junio de 2026, como parte del compromiso adquirido con Bruselas. Sin embargo, desde la institución fiscalizadora se preguntan por qué es necesario repetir un análisis que, según Herrero, no aportará novedades respecto a los realizados en 2023 y 2025. “El diagnóstico sobre la sostenibilidad del sistema será el mismo”, ha afirmado.

Herrero considera que el encargo no respeta la ley orgánica de la AIReF, que establece claramente cuáles son los informes que debe realizar y deja claro que las opiniones del organismo deben ser voluntarias. Por ello, ha pedido “parar esta deriva” y aclarar la terminología legal para evitar malentendidos o posibles abusos.

La presidenta ha insistido en que cualquier nuevo encargo debe formalizarse como una evaluación voluntaria solicitada a través de los mecanismos legales previstos. Esto permite que la AIReF decida qué evaluar, con qué alcance, en qué plazos y con qué metodología, sin comprometer sus recursos ni su autonomía.

Con esta consulta, la AIReF busca blindar su independencia institucional ante posibles injerencias del Ejecutivo y sus opiniones son voluntarias y no impuestas por ley, y recalcan que cualquier encargo debe formalizarse bajo unas condiciones claras y pactadas.