Sin acuerdo sobre los 3.000 menores de Ceuta: Gobierno y ciudad autónoma agravan sus diferencias sobre cómo atenderlos
El Ejecutivo ha propuesto el traslado de 500 menores a la península mientras que las comunidades del PP se niegan al reparto.
Madrid |
La situación que vive el pueblo ceutí se recrudece con el paso de los días, sin atisbos de movimientos por parte del Gobierno sobre la ciudad autónoma. Mientras tanto, más de 3.000 menores no acompañados continúan viviendo en las calles de Ceuta tras más de un mes desde la entrada masiva y ante la atenta mirada de todos.
Se trata de un asunto preocupante para el que aún no existe solución. Y es que el Gobierno central y el Gobierno regional mantienen un pulso sobre como atender a todos los menores migrantes de la ciudad.
Según explican desde el Ejecutivo, la solución está en la manos de Ceuta, mientras que la región asegura que la responsabilidad recae sobre el gobierno de Pedro Sánchez.
El Gobierno propone el traslado de los menores
La guerra abierta entre PP y PSOE mantiene en vilo a los ciudadanos ceutíes, que ven como miles de migrantes siguen deambulando por las calles de la ciudad. Sin embargo, lo que más preocupa es la situación de los menores. Por ello, desde el Gobierno creen que la solución reside en trasladar a los niños a otras comunidades de la península para aliviar el sistema de protección de Ceuta.
Sin embargo, la posición del PP es totalmente contraria puesto que se oponen a estos traslados e insisten en que la única vía posible es la repatriación a Marruecos.
Según ha apuntado el Ministerio de Juventud e Infancia, hace más de un mes se abrió la posibilidad de trasladar a 500 niñas a la península mediante un acuerdo con las entidades sociales, pero la decisión final corresponde a Ceuta, pues esta vía no necesita de la aprobación del resto de comunidades.
También sostiene que existen otras vías, como los acuerdos con las propias comunidades, pero para ello sí es necesaria la colaboración de las comunidades del PP. Por ello, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha denunciado la falta de colaboración afirmando que el PP pone "palos en la rueda".
Vivas solicita soluciones a Sánchez
Además del ministro Óscar López, el presidente del Gobierno, pedro Sánchez, se refirió con las mismas palabras tras ser preguntado por los menores. El líder socialista descargó la responsabilidad sobre el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, algo que no ha sentado nada bien al jefe del Ejecutivo regional.
Y es que Vivas ha calificado las palabras del presidente como "una salida de tono" y ha recordado que la competencia para identificar a las personas, sean adultos o menores, corresponde al Ministerio del Interior y a la Delegación del Gobierno.
Además, Vivas ha pedido al Ejecutivo que deje de centrarse en atacarle y ponga "todas sus capacidades, sus energías, incluidas las políticas", en tratar de solucionar la crisis que padece la ciudad autónoma.
El Gobierno se hace cargo de los traslados
Por su parte, fuentes del Ejecutivo ceutí han negado que hayan recibido una "propuesta" del Gobierno central para trasladar 500 niñas a la península, por lo que el asunto sigue estancado.
Lo cierto es que los menores migrantes tienen una vía de salida gracias a los 25 millones de euros que ha inyectado el Gobierno central al Gobierno regional para el traslado de dichos menores a la península. En concreto, estos fondos son en exclusiva para sufragar los costes logísticos de sacar a esos niños de la calle. No obstante, desde el gobierno ceutí niegan estos contactos.
El PP se niega a la propuesta del Ejecutivo
En medio de una propuesta que parece no haber llegado a destino, las comunidades gobernadas por el PP mantienen el 'no' al traslado de estos chicos y chicas a sus territorios.
Otra muestra de la posición del PP la ha dejado hoy Castilla y León, donde Vox tiene las competencias en Infancia, que ha comunicado que explorará "al máximo" la vía de alcanzar acuerdos con países extranjeros para agilizar la repatriación de los 164 menores que tutela y ha remarcado que se opone a "cualquier reparto".
También el Gobierno de Murcia ha acordado recurrir ante el Tribunal Supremo el real decreto aprobado en verano para, en la práctica, prorrogar el sistema de acogida obligatoria de los niños llegados a zonas tensionadas entre todas las comunidades, siguiendo la estela de la Comunidad de Madrid.