Madrid |
La Abogacía del Estado rechaza que el Tribunal Supremo plantee una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el decreto de regularización extraordinaria de inmigrantes impulsado por el Gobierno.
En un escrito al que ha tenido acceso Onda Cero, sostiene que la medida no vulnera la normativa comunitaria y defiende que el derecho de la UE ampara la competencia de los Estados para conceder autorizaciones de residencia con un amplio margen de actuación.
El informe responde al trámite de alegaciones abierto por el Supremo antes de decidir si eleva la consulta a la justicia europea. El alto tribunal estudia si la norma puede entrar en conflicto con el derecho comunitario y ha dado traslado a las partes para que fijen su posición antes de adoptar una decisión.
En su escrito, la Abogacía del Estado sostiene que la regularización tendrá efectos positivos sobre la economía al fortalecer el sistema de la Seguridad Social y mejorar la recaudación tributaria.
El documento también contiene reproches al Tribunal Supremo por las dudas planteadas sobre la compatibilidad de la norma con el derecho de la Unión Europea, según el escrito al que ha tenido acceso Onda Cero.
Una vez reciba las alegaciones de todas las partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo decidirá si plantea la cuestión prejudicial ante el TJUE. Si finalmente lo hace, la tramitación de la regularización podría quedar suspendida hasta que el tribunal con sede en Luxemburgo resuelva sobre la compatibilidad de la medida con la normativa europea.