El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha respondido públicamente al informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que apunta A que el PSOE pagó con dinero efectivo en sobres al exministro de Transportes, sin que algunos de esos pagos se reflejen en el registro de liquidaciones por gastos aportado por el PSOE. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X (antiguo Twitter), el exdirigente socialista ha acusado a los investigadores de actuar con “sesgo tendencioso” y de reforzar de manera sistemática la presunción de culpabilidad en lugar de la de inocencia.
“Este informe, hecho público una vez más a través de la prensa antes de ser notificado a las partes, entorpece mi derecho de defensa”, denunció Ábalos, quien cuestiona que se haya calificado como “procedencia desconocida” la suma de 95.000 euros sin haber completado previamente las indagaciones oportunas. “¿Acaso la UCO no ha hecho debidamente las diligencias antes de sacar sus conclusiones?”, se pregunta
El exministro subraya que todos los pagos cuestionados están “justificados y documentados” y recuerda que el PSOE ya corroboró que se trataba de liquidaciones de gastos tramitadas “vía caja” y con comprobantes. En su mensaje recalca que esas operaciones ya fueron revisadas por el Tribunal de Cuentas, que dio su visto bueno, y reprocha a la Guardia Civil que “pretenda suplantar” al órgano fiscalizador con una “verdad absoluta”.
Ábalos añade ejemplos de los conceptos de los gastos que se investigan, que van desde un aguinaldo navideño para sus hijos hasta un bizum, la venta de un coche o un viaje compartido. “Al final están investigando mi vida privada, mi estilo de vida, y eso es absolutamente innecesario”, critica.
En su mensaje, el exministro reprocha que se intente vincularle con supuestas “mordidas millonarias” de las que, asegura, no hay rastro. “No hay incremento patrimonial ni hay fondos exagerados. Si en diez años ponen el acento en 95.000 euros, no llega ni a un problema fiscal”, apunta
Ábalos acusa a “algunos” de lanzar sentencias precipitadas, ya sea hablando de “financiación ilegal”, “blanqueo de capitales” o “sobresueldos”, cuando en realidad, asegura, no se ha encontrado ninguna prueba que avale esas acusaciones.