Las 31 medidas del plan de acción de Sánchez: del registro de medios a reformas legales para "perseguir la desinformación"

El pasado mes de abril el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba a todos los españoles que se tomaría un descanso. "Necesito parar y reflexionar", declaraba entonces.

Durante los cinco días que duró el retiro del presidente hubo muchas especulaciones sobre la duración de su mandato. Si iba a dimitir, si no, a raíz de la polémica en torno a las investigaciones abiertas contra su mujer Begoña Gómez.

Poco después de reaparecer para anunciar que continuaba al frente del Gobierno, Sánchez dio a conocer el llamado 'Plan de Acción por la Democracia' para "lograr más transparencia y rendición de cuentas".

Esta medida llegaba a raíz de que el presidente diera a entender que la difusión de bulos e informaciones falsas había influido, en cierta manera, en su decisión de tomarse un descanso. "Si permitimos que los bulos dirijan el debate político (…) la consecuencia será que habremos hecho un daño irreparable a nuestra democracia", afirmaba. "Llevamos demasiado tiempo dejando que el fango colonice impunemente la vida política, la vida pública"

En consecuencia, el pasado mes de julio anunció el plan en el Congreso de los Diputados buscando "fortalecer la democracia" a través de una serie de medidas, como la "transparencia" e "independencia" por una prensa "libre" para hacer frente a los "bulos y la desinformación".

Medidas clave del plan 'antibulos'

El 'Plan de Acción por la Democracia', aprobado hoy por el Consejo de Ministros, engloba cambios en el poder legislativo y en el ejecutivo, así como una serie de exigencias a los medios de comunicación que, a priori, deberán cumplir.

Se trata, según ha anunciado el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, de una "hoja de ruta con 31 medidas que el Gobierno va a implementar a lo largo de la legislatura".

Así, tiene el objetivo de "reforzar la limpieza de la democracia y dotar de una mayor transparencia al ecosistema de los medios de comunicación".

El ministro ha comunicado, además, que se implementará una comisión interministerial "cada tres meses para vigilar el seguimiento de la implementación" del plan a lo largo de los tres años restantes de legislatura.

Poder ejecutivo

Para el poder ejecutivo el Gobierno establece estas nuevas medidas dentro del 'Plan de Acción Democrática':

• Aprobar una Estrategia Nacional de Gobierno Abierto.
• Nueva Ley de Administración Abierta para mejorar y ampliar la calidad de la información gubernamental.

Poder legislativo

• Reformar los reglamentos del Congreso y del Senado para endurecer las sanciones a diputados y senadores que no presenten su declaración de bienes y actividades, o que lo hagan con información falsa o incompleta.
• Establecer la obligatoriedad de los debates electorales.
• Establecer la obligatoriedad de incorporar los microdatos y la metodología de estimación de resultados a todas las encuestas electorales públicas.
• Impulsar una ley de grupos de interés.

Medios de comunicación

De cara a los medios de comunicación españoles, según lo anunciado por el presidente del Gobierno el pasado mes de julio, este plan "se centrará en fortalecer la transparencia y el pluralismo, objetivo del nuevo Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación".

"Hacer política mediática significa elaborar un marco legal jurídico y normativo que garantice el derecho a la información plural, veraz y de calidad", ha señalado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, al término de la reunión del Consejo de Ministros.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha desgranado tras la reunión del Consejo de Ministros los principales puntos que recoge el plan aprobado:

• Limitar la financiación que hacen las administraciones públicas a los medios de comunicación.
• Intervenir a favor de los verdaderos medios de comunicación para garantizar un sistema de medios que sea plural.
• Creación de un registro de medios de comunicación en el que se disponga la información pública de su propiedad y la inversión publicitaria que reciben. Será regulado por la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC).
• Actualizar la Ley de Publicidad Institucional que se aprobó hace 20 años.
• Proteger la independencia editorial y los derechos de los profesionales que trabajan en los medios.
• Establecer mecanismos de defensa del pluralismo y la competencia para evitar la concentración de medios.
• Asegurar los derechos de los medios y consumidores frente a grandes plataformas digitales.
• Ayuda de 100 millones de euros para la digitalización de los medios con el fin de crear bases de datos, desarrollar herramientas de productividad y calidad informativa, así como reforzar la ciberseguridad.
• Reforzar los derechos al honor y la rectificación de la ciudadanía.
• Reformar la Ley Mordaza en lo relativo a la libertad de expresión.
• Protección a los periodistas de acoso externo por hacer su trabajo.

Además, el plan contempla eliminar el delito de ofensas religiosas (tipificado en el Código Penal) y la obligación de que los medios de comunicación informen de quiénes son sus dueños.