Madrid | 21.12.2023 14:14
El pasado martes el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto Ley de medidas urgentes para cumplir con Bruselas a cambio del cuarto pago de los fondos europeos. De hecho, ayer mismo, solicitamos formalmente ese dinero. En ese texto se incluyeron medidas de diversa índole, incluyendo un paquete en materia de recursos humanos en las Administraciones Públicas. Cuestiones incluidas en la Ley de Función Pública, cuya tramitación quedó interrumpida por el paréntesis electoral y que ahora ven la luz por Real Decreto Ley.
En este contexto, vuelve a primer plano una cuestión delicada para los empleados públicos: la evaluación del desempeño del personal de la Administración, que podrá determinar si un funcionario es ascendido o degradado en función de si cumple o no una serie de objetivos. Los sindicatos de la Función Pública temen que esto se convierta en un coladero de afines primado "el amiguismo".
Desde CSIF, Francisco LAMA, secretario de Acción Sindical, asegura que van a "velar para que la evaluación del desempeño se produzca con las debidas garantías para las/os trabajadores, con criterios claros, objetivos y supervisados por las organizaciones sindicales que en todo caso deberán participar en el proceso para que no se produzcan arbitrariedades". Aseguran las centrales que el principal objetivo de estas evaluaciones debe ser, en todo caso, favorecer la carrera profesional y premiar el trabajo bien realizado en el servicio público que actualmente no está reconocido.
Hoy mismo, la Asociación de Inspectores y Auditores Informáticos del Banco de España (AIBE) informan en un comunicado de que van a impugnar el actual modelo de selección de personal en el supervisor, que recurre cada vez con más frecuencia al sistema de concurso con “abundancia de criterios subjetivos”, en detrimento de modelo de oposición o concurso-oposición, a su juicio, más riguroso. Según los datos de los inspectores, en 2023 el 70% de la contratación se ha realizado por la primera de las vías.
La AIBE pide que el Banco de España que replique el modelo de contratación del resto de la Administración General del Estado para poder contratar a sus economistas, como lo hace, por ejemplo, el Ministerio de Economía, con sus “exámenes exigentes y transparentes”.