Repsol amenaza con irse de España e invertir en Portugal o Francia

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha advertido de que si no hay "estabilidad jurídica y fiscal" en España, las inversiones por 1.500 millones de euros que la energética prevé llevar a cabo en el país para impulsar el hidrógeno renovable se irán a "Portugal o a Francia".

Brufau ha levantado así la voz contra la amenaza del acuerdo del nuevo Gobierno de PSOE y Sumar de prorrogar el impuesto especial para las energéticas y la banca (vigente actualmente para este año y 2024), tal y como hizo a finales de octubre el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, quien ya que apuntó que la compañía, "antes de tomar cualquier decisión de inversión en España", analizaría si las condiciones son "estables y suficientemente atractivas para garantizar la rentabilidad de los proyectos", y ha asegurado que si no era así, se cuenta con "otras alternativas".

En el caso de las energéticas, esta tasa actualmente grava con el 1,2% de la facturación obtenida en aquellas empresas con ingresos superiores a 1.000 millones euros excluyendo los negocios regulados y actividades fuera de España y extra peninsulares.

Así, Brufau considera que si en España se tiene un impuesto que "no tienen los franceses o los portugueses para producir hidrógeno", pues seguramente la decisión de la empresa será la de "irse a Portugal o a Francia".

El presidente de Repsol ha llamado así a las autoridades a pensar en que estas inversiones necesarias para alcanzar los objetivos de descarbonización no se deben pensar desde el corto plazo, sino que se tratan de "un tema de medio y largo plazo".

Además, estima que estos proyectos, "que requieren de mucha madurez", se deben hacer "en un marco de estabilidad" y con un marco fiscal "atractivo". "No mejor ni peor. Atractivo, que significa competitivo, con respecto de las regiones próximas a nosotros", ha señalado.

Brufau también ha destacado el compromiso de Repsol con una transición energética justa que asegure la autonomía de Europa, aunque advirtió de que este compromiso con la seguridad de suministro, el acceso universal a la energía y por supuesto la descarbonización, debe venir acompañado desde Europa por incentivos en lugar de prohibiciones; simplificando la regulación y evitando así que normas nacionales fragmenten el mercado único.

"Es imposible pretender que las empresas realicemos las inversiones necesarias para abordar la transición energética sin unas reglas de juego claras", ha reiterado.