Madrid |
A la fuerza, ahorcan. Tras el fracaso de ayer, Yolanda Días ha anunciado, a primera hora de la mañana que, con carácter urgente, convocará a los agentes sociales para negociar la reforma asistencial que mejora el subsidio por desempleo. Argumentaba la Vicepresidenta Segunda que si no lo hizo antes, (apenas hubo una reunión de la mesa de diálogo social y simplemente para informar de los cambios que se iban a acometer) fue por "una razón de responsabilidad y es que teníamos que cumplir el hito europeo antes del 31 de diciembre para percibir el desembolso de 10.000 millones de euros".
Con el decreto derogado por el pleno del Congreso, por el voto negativo de Podemos, el Gobierno volverá a llamar a los agentes sociales que ya preparan su lista de peticiones para la nueva ronda de consultas. Este jueves, en un desayuno informativo, el líder de la UGT, Pepe Álvarez, ha avanzado que su sindicato va a plantear la desaparición del IPREM como indicador para el cálculo de esta renta, entre otras. Ha explicado Álvarez que hace 20 años IPREM y SMI marcaban la misma cuantía, pero en estas dos décadas el primero apenas ha subido en 140 euros. "El IPREM es un instrumento para no subir las rentas sociales, para engañarnos un poco a todos", asegura.
En un comunicado emitido a primera hora de esta tarde, CCOO también enumera la cuestiones que pondrán sobre la mesa de negociación. Entre ellas, establecer garantía de suficiencia en los subsidios de desempleo que generan personas con tiempo parcial (actualmente son el 12,5% del total de los perceptores y la inmensa mayoría de ellos son mujeres), ya que ahora mismo la prestación que se recibe es proporcional al tipo de jornada que se tenía en el último empleo. El sindicato también plantea revisar la decisión de derivar al IMV a unas 120.000 personas que ahora están percibiendo prestaciones asistenciales de diverso tipo.
Una de las cuestiones más controvertidas, elemento principal que alegan en Podemos para justificar su rechazo al decreto, es el recorte en la sobre cotización de los mayores de 52 años. Hasta ahora (tras revertir los recortes de la reforma laboral que hizo el PP en 2012) el Estado completa la cotización de este colectivo hasta el 125% de la base mínima que viene fijada por el Salario Mínimo Interprofesional para mejorar las futuras pensiones de estas personas.
La reforma que ha decaído reducía paulatinamente ese porcentaje hasta alcanzar el 100% en 2028. Podemos y los sindicatos sostienen que eso es un recorte. Según cálculos de CCOO, esta reducción paulatina supone penalizar las prestaciones de jubilación de casi 450.000 personas que, en promedio, cada año, se ven obligadas a completar sus carreras de cotización por esta vía. Es decir, que el cálculo de su pensión cambia a peor.
La Vicepresidenta Segunda, Yolanda Díaz, explicó ayer en entrevista en Julia en la Onda que el 125% de sobrecotización tenía sentido hace años cuando el SMI, que define la base mínima, estaba por debajo de los 700 euros al mes, pero no ahora con un Salario Mínimo que ha crecido casi un 50%. “Hay una disfunción y es que un trabajador en activo que perciba 20.000 euros al año, está cotizando menos que un perceptor del subsidio de 52 años”, explicó Díaz.
Los sindicatos recuerdan las mejoras asistenciales que no verán la luz tras el fracaso en la convalidación. Como la mejora de la prestación, que se elevaba en 90 euros al mes durante los primeros 12 meses y en 60 euros al mes en los 6 meses siguientes, la ampliación del derecho a menores de 45 años sin cargas familiares, la eliminación del mes de carencia o la concesión del subsidio por desempleo a más de 240.000 personas del campo.