En el marco del plan de ayudas al acceso a la vivienda del Gobierno de coalición, el presidente Pedro Sánchez ha anunciado la creación de línea de avales mediante del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para jóvenes y familias con hijos. En concreto, se les facilitaría el 20% del precio total del inmueble, algo similar a lo que ya se está aplicando en cuatro comunidades gobernadas por el Partido Popular.
Según Sánchez, el objetivo es ofrecer una respuesta a la "emergencia habitacional", que especialmente sufren estos colectivos que "tienen dificultad cuando van a un banco para tener la entrada y para poder hipotecarse y comprar su vivienda".
Asimismo, tal y como explicó la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se aprobó, el 20% puede incrementarse un 5% más, es decir, hasta el 25% del total del inmueble "si la vivienda tiene una calificación energética mínima".
Es decir, los avales ICO cubrirían el 20% de entrada que normalmente hay que pagar a la hora de comprar un piso, debido a que las entidades bancarías suelen conceder hipotecas del 80%. Por ejemplo, si queremos comprar un piso de 150.000 euros, el ciudadano debe aportar 30.000 euros, que en muchas ocasiones, aunque se tenga unos ingresos suficientes para poder pagar la hipoteca, no se tiene ahorrado el dinero de la entrada.
Por otro lado, la ministra ha confirmado que la concesión de este aval no tendrá ningún coste para el solicitante.
El IPREM es el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, un índice que se creó en 2004 con la intención de sustituir al Salario Mínimo Interprofesional como referencia para la concesión de ayudas, subvenciones o el subsidio de desempleo.
Dentro de estos supuestos entran las ayudas a la primera vivienda anunciadas por el Gobierno, ya que los ciudadanos que quieran acceder a ellas deben cumplir con determinadas condiciones:
Los ciudadanos podrán solicitar los avales ICO hasta el 31 de diciembre de 2025, aunque cabe una prórroga de dos años, hasta 2027.