Madrid |
La mitad de las facturas se pagan con retraso en España. Y no con un retraso de apenas unos días, sino de unos 80 días, casi tres meses. Esto es 20 días por encima del plazo máximo fijado por la ley, según expone el último Observatorio de Morosidad de CEPYME del último trimestre de 2023. La persistente morosidad, aseguran, penaliza de manera especial a las pymes y representa un coste financiero de 2.600 millones de euros, un 50% más que en el último trimestre de 2022.
La deuda comercial del conjunto de las pymes rondaba los 177.000 millones de euros: 67.800 de las medianas empresas y 109.200 millones de las pequeñas. Una situación que, como señalan los pequeños empresarios, no resulta fácil de afrontar para ellas porque cuentan con menores recursos financieros y capacidad de negociación y deben asumir el incremento de costes energéticos, suministros o laborales y los efectos de la inflación.
En la evolución del Período Medio de Pago (PMP) influyen factores como la inflación, que sigue muy alta a pesar de su descenso, y los altos tipos de interés, que siguen en el 4,5%. Además, el euríbor se mantuvo en el segundo semestre de 2023 en el 4,04%, su mayor valor desde 2008. En el cuarto trimestre del 23 el PMP se sitúo en 80,2 días, un 0,2% menos que en el trimestre anterior; y cerró el año en 81,8 días, apunta la Confederación. Una cifra que sigue muy por encima del máximo legal de 60 días.
Sin embargo, pese a la reducción general, este índice aumentó en ocho comunidades. Sobre todo en Murcia, Madrid y Galicia, donde el período de pago ronda ya los 90 días. Por sectores, el PMP solo incrementó en el sector servicios en el cuarto trimestre de 2023 aunque en todos los sectores se encuentra por encima del período leal. En el sector agroalimentario es en el único sector en el que se reflejan cinco caídas interanuales consecutivas, situándose en 75 días, casi 3 menos que un año antes.
La morosidad es un problema europeo, denuncian los pequeños empresarios. Sigue en trámite en la Comisión Europea un nuevo reglamento europeo de morosidad y en este sentido, CEPYME considera prioritario homogeneizar la regulación para combatir la morosidad en el ámbito europeo y garantizar las mismas condiciones para todas las empresas europeas. Y que la regulación tenga en cuenta la realidad de la empresa y las condiciones de los distintos sectores económicos.