Luz verde a la subida de sueldo de los funcionarios para 2025 y 2026: así quedan los salarios de los empleados públicos

El Congreso ha aprobado la actualización salarial para los 3,5 millones de empleados públicos correspondiente a 2025 y 2026. La medida ha salido adelante con 309 votos a favor, 32 en contra y 7 abstenciones, y ha contado con el apoyo del PP pese a las críticas que los populares han dirigido al modo en que el Gobierno ha gestionado el proceso.

Cómo queda la subida

El real decreto convalidado fija una subida del 2,5 % para 2025, aplicable con efecto retroactivo desde el 1 de enero, y un incremento del 1,5 % para 2026 que se sumará sobre el salario ya actualizado. Además, la retribución podrá elevarse medio punto adicional en 2026 si el IPC de ese año alcanza o supera el 1,5 %, una cantidad que se abonaría en el primer trimestre de 2027.

El Gobierno ha confirmado que los 540.000 trabajadores de la Administración General del Estado verán reflejada la subida de 2025 y los atrasos correspondientes en la nómina de diciembre. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos deberán fijar su propio calendario de abono en función de las negociaciones con los sindicatos, ya que el decreto deja abierta la posibilidad de pagar todo el atraso en diciembre de 2025 o distribuirlo entre 2026, 2027 y 2028.

Esta revisión salarial forma parte del acuerdo marco firmado por el Ejecutivo con UGT, CCOO y CSIF, que contempla un incremento del 11 % entre 2025 y 2028. Tras las subidas del 2,5 % y el 1,5 % en 2025 y 2026, la remuneración de los empleados públicos aumentará un 4,5 % en 2027 y un 2 % en 2028. El efecto acumulado podría elevar la revalorización total hasta el 11,4 % en el último año.

VOX ha votado en contra

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha defendido en el Pleno la necesidad de ofrecer "buenas condiciones" a los trabajadores públicos y ha recordado que el acuerdo se ha alcanzado con las principales organizaciones sindicales.

Los socios habituales del Gobierno han respaldado la medida, aunque algunos grupos como BNG o EH Bildu han reprochado que sindicatos territoriales como ELA, LAB o Ciga hayan quedado fuera de la negociación.

El PP ha apoyado la convalidación, pero critica que la subida se haya pactado "tarde" y "sin diálogo" con las administraciones autonómicas y locales, y alerta de que el acuerdo condiciona a futuros gobiernos. VOX ha votado en contra al considerar que la tramitación evidencia "incertidumbre e improvisación" por parte del Ejecutivo.

La aplicación de estas subidas permitirá que, por ejemplo, un funcionario con un salario de 30.000 euros brutos anuales pase a cobrar 30.750 euros en 2025 y 31.211 en 2026, sin contar el posible 0,5 % ligado al IPC.

En la Administración General del Estado, estos cambios se reflejarán de manera inmediata en la nómina adicional de diciembre, mientras que en el resto de administraciones dependerá de los acuerdos que se alcancen en cada ámbito.