Según el diario El País, más del 90% de las personas sin hogar cumple los requisitos, pero no percibe la ayuda. Algunos la desconocen, aunque el principal escollo -según el Instituto de Estudios Fiscales- es la falta de información. Si el IMV llegara a todas las personas sin hogar que tienen derecho a él, su desigualdad se reduciría un 80%.
Detrás de este problema está el desconocimiento y barreras de acceso porque muchos potenciales beneficiarios no lo solicitan porque no saben que existe o porque creen que se les denegaría. Si esta ayuda llegara a todos los individuos que cumplen los requisitos para percibirla, el gasto para las arcas públicas sería de 130 millones de euros frente a los cerca de 2,3 que se emplean ahora.
En 2023 se pagó 4.300 millones para esta ayuda. Para ser beneficiario del Ingreso Mínimo Vital se exige, entre otras cosas, haber residido legalmente en España durante un año, tener más de 23 años, no superar ciertos niveles de renta y patrimonio y contar con la documentación necesaria para acreditar la identidad y la condición de vulnerabilidad.
Lo máximo que puede percibir un beneficiario de esta ayuda es de unos 600 euros mensuales en 2024, que va creciendo en función del número de personas que integran el hogar.