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Madrid | 21.05.2024 14:45
Las empresas no podrán a partir de ahora decidir unilateralmente la continuidad de una relación laboral en caso de incapacidad. Lo podrá decidir el propio trabajador. El gobierno ha hecho una reforma profunda del despido en España modificando el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores para "corregir la discriminación y evitar que la definición de una persona con discapacidad en el mundo del empleo lleve consigo la extinción automática de la relación laboral".
En palabras del Ministerio de Trabajo, la medida supone un nuevo blindaje de los derechos a las personas con discapacidad y permitirá alinear el marco laboral español a los mandatos de la Convención de Discapacidad. El objetivo es, según apunta, ofrecer un empleo decente para las personas con discapacidad, eliminando una discriminación como la que suponía el despido automático en determinadas situaciones de discapacidad, priorizando opciones como la adaptación del empleo o el pase a otras funciones.
"Lo que hacemos aparte de modificar este artículo 49, que desliga la muerte civil de los trabajadores con la relación laboral. Decirle a alguien con discapacidad que tiene que ser despedido, corregimos y añadimos más preceptos. Esto lo haremos con carácter voluntario" ha puntualizado su titular Yolanda Díaz. La vicepresidenta segunda ha añadido además que "la persona con discapacidad va a poder elegir si quiere que su relación laboral se extinga o si quiere permanecer en el puesto de trabajo. En ese caso, hay que adaptar el puesto".
Todo dependerá de la voluntad del trabajador, que a partir de ahora podrá solicitar "una adaptación del puesto de trabajo razonable, necesaria y adecuada" o "el cambio a otro puesto de trabajo vacante y disponible, acorde con su perfil profesional y compatible con su nueva situación". Así, será obligatorio que las empresas realicen todos los ajustes necesarios.
La norma establece además un plazo de seis meses para emprender cambios en las invalideces de carácter permanente y sus distintos grados y le corresponderá al Ministerio de Inclusión que dirige Elma Saiz. Con esta reforma se atiende la demanda del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. El CERMI denunció que la regulación vigente del despido automático por razón de discapacidad sobrevenida suponía una vulneración del derecho al empleo y la ocupación de las personas por discapacidad, consagrado en el artículo 27 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
"Hacemos cambios terminológicos en la legislación laboral para evitar esos efectos peyorativos que también la legislación laboral tenía. En definitiva, hoy creo que nuestro país es mejor, somos más europeos, más sociales que nunca, ganamos más derechos para la gente trabajadora, que creo que hoy puede estar muy satisfecha" ha concluido Yolanda Díaz.