PSOE y Unidas Podemos registran en el Congreso el nuevo impuesto a la banca y energéticas
Los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos registran hoy en el Congreso este jueves la proposición de ley con la que pretenden crear el impuesto a la banca y a las empresas energéticas.
PSOE y Unidas Podemos registrarán este jueves en el Congreso la proposición de ley para la aprobación de los nuevos impuestos temporales y extraordinarios dirigidos a entidades financieras y empresas energéticas.
Así lo avanzó ayer la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, tras la reunión con las comunidades autónomas con motivo del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
Energéticas que facturen más de 1.000 millones anuales
El nuevo impuesto a "los grupos dominantes" del sector eléctrico, gasista y petrolero estará en vigor durante 2023 y 2024 y buscará recaudar 2.000 millones de euros al año de los beneficios extraordinarios de estas empresas en 2022 y 2023.
Según adelanta el diario El País, el impuesto se aplicará durante dos años a las energéticas que facturen más de 1.000 millones de euros anuales y el tipo no será superior al 2% de sus ingresos, aunque se desconoce todavía el nombre de las empresas que se verían afectadas.
Prohibición de que el impuesto a la banca repercuta en los ciudadanos
Por otro lado, el impuesto "excepcional y temporal" dirigido a "las grandes entidades financieras que ya han empezado a beneficiarse de la subida de tipos de interés", como dicen desde el Gobierno, gravará intereses, comisiones y márgenes a la banca, según ha adelantado la cadena Ser.
Este impuesto tendrá una duración de dos años, sobre los ejercicios 2022 y 2023, y buscará recaudar 1.500 millones cada año.
El Ejecutivo ya ha adelantado que la norma que los regulará incluirá la prohibición explícita de que estos nuevos gravámenes se repercutan en los precios finales que soportan los ciudadanos.
Para ello, se va a dotar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de todas las funciones para que vigile y aplique sanciones en caso de que alguna empresa se separe de la legalidad.
El Gobierno prevé que se recauden 7.000 millones de euros con estos dos impuestos a las energéticas y a la banca.