En el caso de que no lo consigan, Fomento asignará a una persona en las 24 horas siguientes que someterá, con carácter previo, a las partes para que formulen cuantas alegaciones estimen oportunas en relación con su imparcialidad.
El árbitro dictará su decisión -que habrá de resolver en equidad cuantas cuestiones se hayan suscitado en el planteamiento y desarrollo de la huelga-, previa audiencia de las partes, en el plazo de diez días a contar desde la fecha de su designación.
El Gobierno aprobó ayer en Consejo de Ministros la puesta en marcha de este laudo arbitral adoptado, según explicó el titular de Fomento, Íñigo de la Serna, al concurrir "circunstancias" tales como la duración de la huelga y las "posiciones irreconciliables" que han mantenido las partes durante el proceso de mediación.
De la Serna también aludió al "perjuicio para la economía nacional" derivado del conflicto, debido a su afección en el turismo nacional a nivel de empleo, de reputación, "deterioro de la Marca España" e impacto en sectores vinculados al turismo.