El Gobierno incluye 18 reformas en la adenda al Plan de Recuperación, con medidas energéticas y laborales

El Gobierno ha incluido en la adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 18 reformas "complementarias" a las ya pactadas con Bruselas, entre las se incorporan medidas en materia energética, laboral y de impulso al fortalecimiento de la autonomía estratégica del país.

Fuentes del Ejecutivo han explicado que algunas de las reformas incluidas en la adenda, aprobada este martes por el Consejo de Ministros para su próxima remisión a Bruselas, tienen que ver con la adaptación a la actual situación energética tras el estallido de la guerra en Ucrania o el funcionamiento del mercado laboral.

Desde Asuntos Económicos han apuntado a la reforma del precio de venta al pequeño consumidor (PVPC), es decir, de la tarifa regulada eléctrica. "Es una reforma importante, pero son reformas complementarias de las ya hechas", han reiterado.

Además, han confirmado que se ha fijado una reforma que tiene que ver con mejorar los mecanismos de ajuste de casación en el mercado de trabajo entre la oferta y la demanda. No se aborda, sin embargo, ninguna modificación de impuestos.

El Gobierno pretende que estas reformas refuercen las medidas incluidas en el Plan y permitan asegurar un modelo de crecimiento sostenido y sostenible, gracias a la movilización de 7.700 millones de euros adicionales en transferencias y 84.000 millones de euros en préstamos, a los que se unirán los casi 2.600 millones de euros del nuevo mecanismo REpowerEU.

Para ello, se profundizará en las medidas dirigidas a aumentar la productividad y el crecimiento potencial de la economía, se seguirá impulsando el fortalecimiento de la autonomía estratégica y se reforzará la cohesión económica, social y territorial, con el foco en la responsabilidad fiscal y la sostenibilidad de las cuentas públicas a medio y largo plazo.

La inflación hace modificar hitos y objetivos ya pactados

España se ha sumado a países como Alemania, Luxemburgo, Finlandia, Estonia y Portugal, que han solicitado la revisión de algunos hitos y objetivos para asegurar el aprovechamiento de todos los fondos Next Generation.

Esta modificación, ya prevista en el reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, permite superar circunstancias objetivas que dificultan el cumplimiento de hitos, como son la incorporación del impacto sobre los costes de los precios internacionales de energía y materias primas o la ampliación de plazos, para ajustarlos a los tiempos que requiere el cumplimiento de requisitos de la contratación pública. "La inflación es uno de los elementos que se han tomado en cuenta a la hora de valorar la modificación", reconocen desde Economía.

Con esta modificación se permite llegar a más empresas, como en el caso del programa Kit Digital, que ampliará su aplicación a empresas a partir de 50 trabajadores.

Financiación a menor tipo de interés

Los préstamos procedentes de la Comisión Europea permitirán una financiación sostenible a un menor tipo de interés que la obtenida por el Tesoro Público y largos plazos de amortización, que se trasladarán a las Comunidades Autónomas y empresas.

Entre las novedades, destaca el Fondo de Resiliencia Autonómica, dotado con hasta 20.000 millones de euros para la financiación, en colaboración con el Grupo del Banco Europeo de Inversiones (BEI), de proyectos de inversión sostenible de las Comunidades Autónomas que se darán con "criterios objetivos".

Estas inversiones se realizarán en los sectores de vivienda social y asequible y regeneración urbana; transporte sostenible; competitividad industrial y de las pymes; investigación, desarrollo innovación; turismo sostenible; economía de los cuidados y gestión de aguas y residuos y transición energética.

Por su parte las empresas dispondrán de 22.500 millones de financiación para la realización de sus proyectos, especialmente en inversiones sostenibles, a través de los diferentes fondos que gestionará el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Para la gestión de estos fondos será de gran importancia la colaboración público-privada, de forma especial con las entidades financieras, lo que permitirá que puedan acceder a los préstamos empresas de todos los tamaños y sectores de actividad de cualquier lugar de España.

Incentivos fiscales para inversiones verdes

En concreto, el ICO pondrá en marcha la Línea ICO-Verde, dotada con 15.500 millones de euros para facilitar créditos a hogares y empresas públicas y privadas para la realización de inversiones que favorezcan la transición verde.

Además, el ICO canalizará 7.000 millones de euros a través de la nueva Línea ICO Empresas y Emprendedores, que se destinarán a financiar inversiones en el tejido empresarial en condiciones favorables. Dentro de esta línea, el sector del turismo contará un compartimento de 1.000 millones de euros.

El apoyo al tejido empresarial se completa con el Fondo Next-Tech, cuya dotación se amplía hasta los 4.000 millones de euros, para seguir facilitando apoyo financiero a startups españolas en el sector tecnológico en su fase de crecimiento y promoviendo el desarrollo de la innovación y la digitalización.

Además, el Gobierno crea un fondo específico dotado con 2.250 millones de euros para financiar la bonificación fiscal de las inversiones de familias y empresas --a través del impuesto de Sociedades-- en transición energética.

También se constituye un Fondo para el impulso de la vivienda social y de alquiler asequible, dotado con 4.000 millones de euros, que tiene como objetivo incrementar el parque de vivienda en alquiler social o a precio asequible, así como mejorar el parque de vivienda ya existente.

Adicionalmente, se pondrán en marcha otros tres fondos que reforzarán los mecanismos de cohesión social. En primer lugar, se creará un Fondo de Impacto Social, dotado con 400 millones. Se creará también el Fondo RED, dotado con 3.000 millones de euros, ya contemplado en la reforma laboral como complemento al Mecanismo RED, de estabilización y flexibilización del empleo.

Finalmente, se creará el Fondo de Reforma de la Inclusión Social, para desarrollar y escalar las políticas de inclusión ligadas al Ingreso Mínimo vital, dotado con 2.530 millones de euros. Asimismo, está previsto la constitución de fondos específicos para inversiones en el sector audiovisual y la ciberseguridad, además de los creados para apoyar a las empresas afectadas por la Covid.

Reforzar los Perte

Los 10.300 millones de las transferencias adicionales se destinarán a reforzar los 12 proyectos estratégicos (Perte) que ya están en marcha. En total se dotará a los Perte con casi 30.000 millones de recursos adicionales, provenientes de las transferencias, los préstamos y el programa RepowerEU, que permitirán dar continuidad y completar las convocatorias de ayudas, financiar incentivos, participación en proyectos europeos y realizar inversiones adicionales.

El Perte para la descarbonización industrial y la transformación de la industria electro y gas intensiva recibirá 2.720 millones de euros entre transferencias y préstamos. Asimismo, se dotará el Perte Chip -para impulsar la industria de semiconductores y microprocesadores- con casi 12.000 millones de euros y se aumentarán los recursos para el Perte dedicado a Energías Renovables, Hidrógeno Verde y Almacenamiento (ERHA) con casi 5.500 millones de euros adicionales y para el Perte de Digitalización del Ciclo del Agua con más de 3.000 millones de euros,