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El acuerdo, rubricado en diciembre de 2016 por la alta representante para la Política Exterior de la Unión Europea (UE), Federica Mogherini, y el ministro cubano de Exteriores, Bruno Rodríguez, pone fin a la llamada "posición común", que regía las relaciones entre ambas partes desde 1996.
Acaba con la excepcionalidad de que Cuba fuera hasta ahora el único país de Latinoamérica con el que la UE no tenía acuerdos, como consecuencia de la posición común impulsada por el Gobierno del español José María Aznar.
Junto al consentimiento al pacto, la Eurocámara aprobó una resolución adjunta que incide en la necesidad que Cuba respete los derechos humanos y en la que recuerda la cláusula de salvaguarda por la que en caso contrario se suspendería la aplicación del acuerdo.
En ese texto de calado político y sin consecuencias jurídicas, del que fue ponente la eurodiputada española Elena Valenciano (PSOE), los eurodiputados señalaron al Gobierno cubano que debe alinear su política de derechos humanos con los acuerdos internacionales de los que es signatario.
Además, recalcaron que la persecución y reclusión de cualquiera por sus ideas o su actividad política pacífica supone una infracción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y pidieron la liberación de toda persona encarcelada por esos motivos, un punto que motivó la abstención del grupo de los Verdes y el voto en contra de la Izquierda Unitaria (GUE/NGL).
La resolución política adjunta se aprobó por 487 votos a favor, 107 en contra y 79 abstenciones.