España admite que su plan para reducir la factura de la luz fuerza a restringir las ventas de electricidad a Francia
El plan Gobierno de Pedro Sánchez para reducir la factura de la luz en España obliga a que se restrinjan las ventas de electricidad a Francia.
España y Portugal siguen defendiendo un trato excepcional en Bruselas que permita a sus ciudadanos reducir sus facturas de la luz, que tanto se ha visto incrementada en los últimos meses a causa de la guerra en Ucrania y de las sanciones económicas impuestas a Rusia. Según adelanta el diario 'El País', la propuesta enviada a Bruselas, esta "excepción ibérica" obligará a restringir la exportación eléctrica hacia Francia.
La idea desarrollada por España propone la creación de un sistema de doble casación del precio que distinga entre la electricidad consumida en la Península Ibérica, que tenga el precio del gas topado y la que se exporta al resto de países de la Unión Europea a través de los Pirineos, que tenga la fórmula habitual.
Sin embargo, en los documentos, también piden imponer restricciones en algunas partes del mercado para que no se vaya a Francia parte de la electricidad subsidiada en España. Piden "enviar señales valor cero en la capacidad de interconexión con Francia en la dirección exportadora".
Por su parte, desde Bruselas se teme que esa limitación acabe con la unidad del mercado europeo. De hecho, varios países del norte de Europa y Alemania ya se han pronunciado en contra de esta medida, que terminaría con la unidad de mercado.
No será hasta el próximo miércoles 27 de abril, en la reunión del colegio de comisarios europeos, donde la CE tratará la autorización de esta petición hispano-portuguesa y cabe la posibilidad de que haya alguna modificación respecto a la propuesta inicial de ambos países.
Tope de 30 euros el megavatio hora
Por ejemplo, el Ministerio de Teresa Ribera pretende limitar el precio máximo del gas en para las centrales a 30 euros por megavatio hora (MWh), lo que supondría que el coste medio diario de la electricidad sea de 120 o 130 euros por megavatio hora. Cifra que será elevada por Bruselas, según indican fuentes de la negociación.
Asimismo, España y Portugal quieren que la excepción ibérica esté en vigor hasta finales de 2022, para que se pueda introducir un cambio en la estructura del mercado y conseguir más contratos, tanto a medio como a largo plazo.