Madrid |
El jueves 27 de junio. Es la fecha que ha anunciado CSIF para que los empleados públicos se concentren frente al Ministerio de Hacienda. Es la segunda protesta convocada por el sindicato, la primera es este jueves frente al Ministerio de Educación. Aunque no serán las últimas; desde el sindicato advierten de que si el ejecutivo no escucha sus demandas, a la vuelta del verano el conflicto se agravará y habrá más protestas.
"El panorama es muy preocupante. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados, no vamos a consentir que se abandone a nuestros empleados y empleadas públicos. El próximo jueves 27 de junio convocamos una protesta frente al Ministerio de Hacienda para que el Gobierno reaccione de una vez y salga de su parálisis. Para que nos aplique ya la subida del 2024, para que se mejoren nuestras condiciones laborales, para que se de estabilidad en el empleo y se refuercen las plantillas" ha anunciado Miguel Borra, presidente de CSIF.
Entre sus demandas está la aplicación de la subida salarial del 2,5% para este 2024 que pactó el gobierno con todos los sindicatos. "Los funcionarios llevan seis meses esperando a que se aplique la subida salarial que corresponde este año" ha expuesto Borra, quien ha exigido que se implemente de inmediato, por decreto y como hizo Sánchez ante la misma situación cuando llegó al poder en su primera legislatura. Denuncia que los empleados públicos arrastran una pérdida de poder adquisitivo del 9,1%.
Pero no solo es cuestión de salario, reclama el sindicato, sino también hay una necesidad urgente de personal. "Más de la mitad de la plantilla de la Administración General del Estado se jubilará en el plazo de 10 años" y desde 2020 hay más de 47.000 plazas sin cubrir por retrasos en los procesos selectivos. Reclaman por tanto, entre otras cosas, eliminar la tasa de reposición y anuncian que llevarán a los tribunales a las administraciones que superen el 8% de temporalidad (y en este momento en general supera el 30%). En este sentido, piden una reunión con el Ministro Escrivá para abordar la correcta aplicación de la última sentencia del TJUE que recomienda convertir a los interinos en fijos.
Además, piden incluir otras reformas como sería un nuevo acuerdo salarial, acabar con la alta temporalidad en las Administraciones Públicas, implantar la jornada de 35 horas, la modificación del Estatuto Básico del Empleado Público, planes de recursos humanos, mejoras en las condiciones de jubilación, la regulación del teletrabajo o un incremento de la financiación de MUFACE.
Desde Comisiones Obreras también exigen al ejecutivo la subida salarial del 2,5% para los empleados y empleadas públicas (el 2% pactado para 2024 y el 0,5% adicional correspondiente a 2023). "En noviembre de 2022, está Administración suscribió un acuerdo con CCOO y UGT, para la subida salarial de los empleados y empleadas públicas de este país, en los siguientes tres años, hasta alcanzar un 9,8% de subida total" exponen en un comunicado.
Añaden que "la última subida de un 2,5%, comprometida por el Estado en ese acuerdo, se debería haber producido en enero de 2024. La situación parlamentaria que ha llevado a una prórroga presupuestaria no puede ser impedimento, ya que desde CCOO se considera que no es óbice para no realizar la subida pactada, cuando otras subidas si se han realizado con la misma prórroga presupuestaria".
Y concluye que "este sindicato entiende que esta subida es una exigencia para el Gobierno, y un compromiso, ya no sólo por el acuerdo firmado, sino un compromiso con sus empleados y empleadas públicas, y que debe buscar la formulas oportunas o necesarias de manera urgente para hacer efectivo el incremento salarial, entendiendo que un Real Decreto Ley inmediato sería la solución. De no ser así, CCOO tomará las medidas oportunas desde la organización sindical para que se produzca el incremento retributivo".