Madrid | 17.11.2023 16:23
El nuevo Ejecutivo deberá enfrentarse a una ralentización del crecimiento económico. España seguirá liderando el avance en Europa, pero a un menor ritmo. El PIB español solo crecerá el 1,7% según las últimas estimaciones de la Comisión Europea. Y esto tendrá una traslación directa en la capacidad de crear empleo y en su calidad. Pedro Sánchez se ha propuesto lograr el pleno empleo, sin embargo, España sigue liderando el ránking de paro entre los países más ricos del mundo, según la OCDE, con una tasa de desempleo del 12% frente a una media del 4,8%.
En este contexto, la coalición Psoe-Sumar se ha impuesto como meta la reducción de la jornada laboral a las 37,5 horas semanales. Yolanda Díaz asegura que así aumentaría la productividad. Los economistas creen que antes debería incrementarse la productividad, como ha ocurrido en otros países europeos, para conquistar el margen que permita la reducción de jornada. Y en este punto los agentes sociales reclaman que se decida dentro del diálogo social. Los empresarios ven un riesgo de pérdida de competitividad y los sindicatos, aunque apoyan el recorte del tiempo de trabajo, también señalan que no puede ser una medida que se pueda extender automáticamente a todas las empresas. A todo esto, hay que añadir el aumento del SMI desde los 1.080 euros por paga actuales a los 1.200 euros en la legislatura, lo que atemoriza especialmente a las pequeñas y medianas empresas.
Los impuestos son otro campo de batalla. El enfrentamiento es frontal entre grandes empresas y Gobierno. Los empresarios se sienten atacados por el Ejecutivo y no solo por Sumar, sino también por la parte socialista del gabinete. Bancos y energéticas mantienen sus propias tácticas contra los tributos extraordinarios. El temor es que se extienda el parón en las inversiones tal y como ha comenzado a hacer, por ejemplo, Repsol que ralentiza proyectos o que se repitan hechos como la naviera MSC, que ha cambiado sus inversiones previstas en Valencia hacia el puerto de Hamburgo.
Y por último está lo más complicado. ¿Cómo conseguir cuadrar el siempre difícil y complicado "sudoku" de la financiación autonómica? País Vasco y Navarra juegan su propia liga foral, aunque el PNV ha conseguido la cesión a Vitoria del régimen económico de la Seguridad Social, lo que podría afectar a largo plazo a la igualdad en el sistema de pensiones. Sin embargo, la gran incógnita es cómo quedará la financiación de Cataluña tras el acuerdo con Junts. Este partido reclama una cláusula de excepcionalidad y la cesión del 100% de los impuestos pagados en Cataluña. El sistema de financiación de régimen común estaría herido de muerte con el “cupo catalán”. Los territorios, entonces, con regímenes fiscales extraordinarios representarían algo más del 25% del PIB español. Los expertos apuntan que se establecería un sistema fiscal regresivo donde salen beneficiadas las zonas más ricas en perjuicio de las más pobres.
Y todo esto debería reflejarse, al menos en parte, en los próximos Presupuestos del Estado. Unas cuentas públicas cuyo primer trámite es la aprobación del Techo de Gasto, algo que podría ser vetado en el Senado por la mayoría absoluta del PP. Se bloquearía el proyecto clave anual de la gobernabilidad. El Ejecutivo, como ocurrió en el 2018, se podría plantear el cambio urgente de la Ley de Estabilidad. Y por ahí, por los dineros, podría llegar el primer choque de trenes.