El Congreso convalida el decreto del bono social y contra cortes de luz, pero PP y PSOE impiden cambios

El texto, en vigor desde el 24 de enero tras su aprobación un día antes por el Consejo de Ministros, llegaba al Congreso con el respaldo del PSOE y Ciudadanos gracias al pacto alcanzado por el Gobierno.

En el Pleno de la Cámara Baja, estas tres formaciones han sustentado los votos a favor de la convalidación, mientras que Unidos Podemos se ha opuesto. Además, el PP, PSOE y Ciudadanos han rechazado tramitar el decreto ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

En su intervención, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, pidió el respaldo a este decreto ley para que cuente con el mayor "consenso parlamentario, que le dé valor jurídico y político". "Es un tema que nos preocupa a todos, estamos hablando de cómo combatir la pobreza energética y es importante establecer algún tipo de apoyo social, y cuanto más grupos parlamentarios se unan mejor, ya que hace el sistema más robusto", dijo.

Asimismo, Nadal consideró que este real-decreto ley permite también realizar "una reforma" del bono social vigente desde 2009, para lo que hay "un consenso" de la Cámara Baja, y para cuyo desarrollo del reglamento ya se han iniciado las conversaciones con todas las fuerzas políticas para que exista "el máximo consenso político posible".

El ministro destacó que la normativa permite garantizar el sistema de financiación del bono social, que era el "escollo fundamental". "Sin financiación no tendremos bono social. Si no existiese una financiación adecuada el sistema en su conjunto estaba en peligro"", añadió al respecto.

Por su parte, la diputada del PSOE, Pilar Lucio, destacó la importancia del real decreto para conseguir "atacar la pobreza desde todos los ángulos" y lo valoró como un "importante paso a una política integral de lucha contra la desigualdad".

Lucio destacó que, a pesar de que el PSOE hubiera preferido extender la financiación del bono social a todas las actividades del sector, el diálogo para el consenso en esta materia "ha abierto la puertas a la esperanza de mucha gente que aguarda que las decisiones políticas mejoren su vida".

Mientras, la diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, aseguró que este real decreto ley es "fruto del acuerdo" y demuestra que hay temas importantes en los que los partidos si son "capaces de sentarse a hablar, más allá de las ideologías políticas".

Asimismo, el diputado del PP, Guillermo Mariscal (PP), consideró que la medida que manifiesta la decisión de "la amplia mayoría" de la Cámara en defensa de los consumidores vulnerables y valoró la invitación del ministro Alvaro Nadal a todos los partidos políticos a participar en el proceso reglamentario.

Por su parte, el diputado de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Josep Vendrell, justificó la falta de respaldo por la formación al real decreto al hecho de que "no es una verdadera ley de mitigación de la pobreza energética". "Con este real decreto no se va a resolver la financiación del bono social ni la pobreza energética. Parte solo de vincularlo a la electricidad, y no a otros productos energéticos", dijo Vendrell, quien acusó a los gobiernos del PP y PSOE de haber llevado a cabo una política energética en España cuyo objetivo real ha sido "mantener la tasa de beneficio de las grandes eléctricas".

En la misma línea, el diputado de Esquerra Republicana (ERC) Joan Capdevilla, defendió su voto en contra el real decreto ley al considerar que la política energética del Gobierno sigue "beneficiando a las empresas del oligopolio eléctrico, mientras no protege al consumidor vulnerable de la luz". Mientras, la diputada del PNV, Idoia Sagastizabal, que adelantó la decisión de su formación de abstenerse, apuntó "el fracaso" del modelo energético del Gobierno.

El bono social supone un descuento del 25% en la factura final de electricidad y a él pueden acogerse los consumidores más vulnerables, un colectivo que actualmente incluye a las familias con todos sus miembros en situación de desempleo, a los perceptores de pensiones mínimas, a las familias numerosas y a los consumidores con potencia contratada inferior a tres kilovatios.

Actualmente existen 2,4 millones de hogares acogidos al bono social, lo que supone aproximadamente un total de siete millones de personas.

Debido a una reciente sentencia del Tribunal Supremo, la financiación del bono social había quedado invalidada, aunque los consumidores vulnerables podían continuar acogiéndose al mismo. Con el decreto ley a convalidar por el Congreso se restablece la financiación del bono social, que será asumido por las comercializadoras de energía eléctrica.

La norma establece que no podrá suspenderse el suministro eléctrico a los consumidores en situación de especial vulnerabilidad que estén siendo atendidos por los servicios sociales de las administraciones públicas competentes.

Actualmente, la Ley del Sector Eléctrico ya contempla una serie de suministros considerados esenciales a los que en ningún caso podría suspenderse el suministro eléctrico, como en cárceles u hospitales. Con esta medida se pasa a incluir también a los consumidores en situación de vulnerabilidad severa.

Asimismo, se establece que las comercializadoras eléctricas cofinanciarán una parte de los gastos que las administraciones competentes estén ya realizando para atender a estos consumidores.

A este respecto, cuando se ponga en marcha un impago, la compañía tendrá la obligación de comunicar al consumidor el inicio del proceso. Además, antes de proceder al corte de luz, tendrá que contactar con los servicios sociales para comprobar si se trata de un consumidor extremadamente vulnerable, ya que en caso de ser así no se podrá proceder a la suspensión del suministro.

Por otro lado, se amplía de dos a cuatro meses el plazo para suspender el suministro a determinados grupos de consumidores vulnerables en caso de impago.

Además, se da un mandato al Gobierno para que, en el plazo de tres meses, desarrolle la normativa necesaria para establecer los términos y condiciones de aplicación de estas medidas de protección al consumidor, así como para impulsar medidas de protección y de mejora de la transparencia en la contratación del suministro de los consumidores vulnerables.