DE NUEVO CARLOS FABRA

El juez de Instrucción de la sección 4 de Castellón, tomaba esta mañana declaración al expresidente de la Diputación, Carlos Fabra, durante más de cuatro horas, en el caso que investiga de oficio la Fiscalía. También declaraba el ex vicepresidente primero, Francisco Martínez, quien llegaba unos 40 minutos tarde para contestar a las preguntas del juez.

ondacero.es

CASTELLÓN | 17.03.2014 14:09

La declaración ha conseguido de nuevo convocar a todos los medios de comunicación, no solo provinciales, también medios de ámbito nacional que siguen de cerca los movimientos de Carlos Fabra, quien acudía con escrupulosa puntualidad a los juzgados acompañado se un escolta.Carlos Fabra, recordaba ante el juez que las corridas, que se celebran desde la democracia, han servido para ayudar a muchas entidades benéficas. En su mandato no recuerda ninguna irregularidad por la gestión de la corrida de la Beneficencia y ha echado balones fuera hacia la gestión del actual presidente de la Diputación Provincial de Castellón, justo cuando la fiscalía empieza a investigar el sistema de recaudación que consistía en la venta de entradas a los ayuntamientos, cuyo importe se les descontaba luego del cobro de los tributos públicos.

Este método fue investigado por la fiscalía. Carlos Fabra, ha reiterado que nunca presionó a ningún alcalde para que se quedara las entradas de la Beneficencia y que el ayuntamiento que quiso devolverlas, lo hizo sin problemas.El  Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón investiga el caso en el que tanto Carlos Fabra como Francisco Martínez aparecen como imputados por un presunto delito de prevaricación a raíz de una querella presentada por la Fiscalía. En junio de 2013, el TSJCV condenó a la diputación de Castellón a abonar casi 20.000 euros al ayuntamiento de Vila-real, en compensación  por unas entradas que no se habían vendido.

La sentencia observaba ya indicios penales en la actuación de la corporación provincial porque los imputados pudieron cometer los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.