Fue el caso de Juan José Legorburu, el primer preso de ETA tras la derogación de la doctrina Parot. Legorburu cumplía condena por un atentado en 1982 contra la Policía Nacional en el que murió un policía y otros ocho resultaron heridos. El preso, en libertad desde las 6 y media de la tarde de ayer, había sido condenado a 232 años de prisión.
¿Y por qué ayer? Pues porque se trata de un de los 9 etarras y Grapos que debían ser puestos en libertad ayer tras el auto de la Audiencia nacional en aplicación de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Otros tres presos de ETA encarcelados en Castellón pueden tener idéntico tratamiento en los próximos días.
La foto, genera sin duda opinión pública. Lo primero que nos llama la atención es la celeridad de la justicia en estos casos en contraste con el estancamiento en otros casos, perdidos en el baúl del olvido. Pero así son las reglas de la justicia, si un juez dilata la excarcelación de alguno de estos presos podría estar incurriendo en un delito de detención ilegal. Esta claro que aquí nadie quiere volver a la época de las venganzas, ni de la justicia impartida bajo los criterios subjetivos, pero el tema genera la suficiente alarma social como para que nuestros legisladores busquen las soluciones que no pueden tomar los que no tienen otra que aplicar las leyes.
Si queremos una justicia ecuánime las instituciones son las que deben impartir justicia a las víctimas, para que no sean éstas las que se la tomen por su mano, y de momento en España las víctimas del terrorismo siguen siendo las agraviadas.