DECISIONES UNIVERSALES
El alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, publica en twitter “Política europea es política local. Nuestra realidad día a día, Magdalena Inernacional, exportaciones, competitividad, oportunidades”.
El alcalde se siente optimista, lo único que precisamente, la política europea, y las decisiones que se tomen hoy en el Consejo Europeo, pueden dañar los intereses de la provincia, que espera la última semana de abril la llegada de 10.000 turistas rusos. Esperemos que la Unión Europea, con intereses también en Rusia, sepa nadar y guardar la ropa, para que el turismo ruso no se vea resentido en nuestra provincia.
Por otra parte, el Congreso de los diputados, daba ayer jueves el visto bueno definitivo a la nueva Ley de Seguridad Privada, que amplía las competencias de los vigilantes y les habilita para nuevas funciones como el control del perímetro exterior de las cárceles y centros de internamiento de extranjeros o la participación en la prestación de servicios encomendados a la seguridad pública, complementando la acción policial. Para su entrada en vigor, ya sólo resta su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El texto ha sido aprobado definitivamente con las enmiendas introducidas durante su paso por el Senado, y con la negativa de la oposición que considera que este nuevo marco legal privatiza la seguridad en detrimento de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Uno de los puntos más debatidos del texto es la potestad que da a los agentes de seguridad privada para practicar detenciones en el ejercicio de su labor, así como anotar datos personales de los delincuentes para trasladarlos después a las autoridades. Sin embargo, no les permite averiguar o comprobar estos datos, como figuraba en el texto inicial y que fue modificado durante su tramitación en el Senado. El Sindicato Unificado de Policía Nacional en Castellón, asegura que este nuevo marco legal atenta contra los intereses de los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que trabajan todavía en nuestra provincia bajo mínimos y aseguran que las plazas que no se convocan se parchearán con seguridad privada. En cualquier caso y con las reacciones negativas que ha tenido la Ley, todo apunta a que se trata de una nueva privatización de servicios públicos en manos de las empresas privadas. Es normal que a quien lleva años de profesión dedicación y oposición la noticia le siente como un tiro.