La nueva ley será aprobada a finales de año en Consejo de Gobierno e iniciará entonces su tramitación parlamentaria con el objetivo de que sea aprobada en el otoño de 2022.
Una de las principales novedades hace referencia a la duración de la prestación, que pasará a ser indefinida. En estos momentos, se limita a dos años, tras los cuales los beneficiarios deben renovar toda la documentación e iniciar de cero el proceso de solicitud. Con la nueva ley, ese procedimiento se elimina, lo que favorecerá una gestión más ágil y flexible. También se buscará apuntalar el apoyo económico que reciben los pensionistas y las familias con menores a su cargo, y agilizar toda la burocracia interna que implica la gestión de ese servicio para liberar recursos de Lanbide que permitan mejorar el control y la vigilancia del buen funcionamiento del servicio
La reforma de la ley establecerá que la cuantía base de la RGI será fijada por el Parlamento vasco cada año. Como punto de partida, se tomará la prevista por el Ingreso Mínimo Vital, de 470 euros. A ella, se sumará una partida general de 235 euros para cada titular, a la que se sumarán una serie de complementos en función de la situación familiar o laboral de cada persona. Por ejemplo, por cada persona que se integre en la unidad convivencial recibirá una partida extra del 30% de la cuantía base; u otra del 25% en caso de ser víctima de violencia de género, discapacidad o unidades monoparentales.
En el caso de los pensionistas, el complemento será de hasta el 40% de esos 470 euros de partida, por lo que todo jubilado vasco tendrá derecho a disponer de una renta máxima garantizada de 893 euros –en estos momentos es de 810–.