Vitoria |
Una reciente sentencia desestima el recurso de apelación de una agencia inmobiliaria que fue sancionada por prácticas fraudulentas en la venta de viviendas de protección oficial. Ratifica que condicionar la compraventa a la adquisición del mobiliario constituye un sobreprecio encubierto.
La resolución ratifica que la función social de la vivienda está por encima de la autonomía contractual, y de ahí se confirma la sanción de 45.000€.
El consejero Denis Itxaso se ha felicitado y ha advertido que 'tomaremos todas acciones legales para perseguir todo tipo de acción fraudulenta que emplee la vivienda para generar plusvalías y enriquecimientos que son ilícitos'. Itxaso ha recordado que quienes cuentan con una vivienda protegida lo fueron por 'un desembolso e inversión pública e impuestos pagados por todos los ciudadanos'.
Según el Gobierno vasco, se sienta un 'precedente jurídico fundamental para la defensa de los derechos de los ciudadanos y la integridad de las políticas públicas de vivienda'.