El juez del caso del Palacete de Getxo derruido hace ya dos años para construir pisos de lujo ha acordado el sobreseimiento libre y archivo del procedimiento. En la instrucción había diez personas investigadas, entre ellos tres exconcejales del PNV, pero el auto concluye que no se aprecia delito urbanístico ni de prevaricación.
Esta decisión se produce después de que pidiera a las partes que consideraran si el procedimiento penal debía seguir después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) sobre el caso de 'La Aldea' de Neguri, -también en custodia municipal y derruida-, que dictaminaba que "los bienes de custodia municipal no se convierten automáticamente en bienes culturales de protección básica", y que fue aportada al sumario.
El juez entiende que las conclusiones alcanzadas en esa sentencia sobre el caso de 'La Aldea' resultan "plenamente trasladables" al de Irurak Bat.
Por lo tanto, asegura que las consecuencias son claras y, en tales términos, "cabía el derribo de tales bienes por así preverlo el propio PGOU que los calificó de custodia municipal". En el auto se recalca que la entrada en vigor de la Ley 6/2019 de Patrimonio Cultural Vasco "no produjo la conversión automática de los edificios sometidos a custodia municipal en bienes culturales de protección básica".